binomio público-privado en el que están inscritos, que sugiere un dominio y el acceso, en los derechos, la propiedad, interés y utilidad pública, discusiones jurídicas económicas que calan en la discusión de reducirlos a meros recursos y objetos. Los bienes comunes en Colombia desde 1991 se inscriben en la relación de lo comunitario y el marco institucional y jurídico que los reconoce como derechos, a partir de una dinámica históricamente situada. Esto implicó desafíos y relaciones entre la propiedad privada y las luchas sobre lo territorial que son propias de los espacios comunitarios. Pero deben situarse desde posicionamientos o enfoques educativos frente a estos contextos. La metodología empleada fue cualitativa de nivel hermenéutico-jurídico y se realizaron discusiones conceptuales sobre categorías como: pedagogía social, bienes comunes y lo comunitario. Para ello, el procedimiento a seguir fue a partir de la búsqueda y revisión documental, a través de bases de datos, libros académicos y documentos institucionales. Dentro las principales conclusiones estuvieron en considerar que, los bienes comunes en Colombia se suscriben en la discusión entre lo legal y la esfera económica, pero, es longitudinal y necesaria la posibilidad de inscribir en lo social estos bienes como un asunto que en lo colectivo tiene sentido a través de la multiplicidad de usos que los constituyen en bienes sociales. No obstante, los bienes comunes se sitúan desde enfoques educativos frente a los contextos en los que están inmersos, tales como relación dialógica sujeto-comunidad, construcción colaborativa del saber, participación- diálogo, producción y acceso al saber.

Palabras clave: bienes comunes, pedagogía social, Comunes, comunidad, comunitario.

public-private binomial in which they are registered, which suggests a domain and access, in rights, property, interest and public utility, economic legal discussions that permeate in the discussion of reducing them to mere resources and objects. Common goods in Colombia since 1991 are part of the community relationship and the institutional and legal framework that recognizes them as rights, based on a historically situated dynamic. This implied challenges and relationships between private property and the struggles over land that are typical of community spaces. But they must be located from positions or educational approaches in front of these contexts. The methodology used was qualitative at a hermeneutic-legal level and conceptual discussions were held on categories such as: social pedagogy, common goods and the community. For this, the procedure to follow was based on the search and documentary review, through databases, academic books and institutional documents. Among the main conclusions were to consider that the common goods in Colombia are subscribed to in the discussion between the legal and the economic sphere, but the possibility of registering these goods in the social sphere is longitudinal and necessary as a matter that in the collective has sense through the multiplicity of uses that constitute them in social goods. However, the common goods are located from educational approaches in the contexts in which they are immersed, such as the subject-community dialogic relationship, collaborative construction of knowledge, participation-dialogue, production and access to knowledge.

Keywords: common goods, social pedagogy, common, community.

R É S U M É

Le présent écrit est une réflexion sur les biens communs au-delà du binôme public-privé dans lequel ils s'inscrivent, ce qui suggère un domaine et un accès, en droits, propriété, intérêt et utilité publique, des discussions juridiques économiques qui imprègnent la discussion de leur réduction à simples ressources et objets. Les biens communs en Colombie depuis 1991 font partie de la relation communautaire et du cadre institutionnel et juridique qui les reconnaît comme des droits, basés sur une dynamique historiquement située. Cela impliquait des défis et des relations entre la propriété privée et les luttes foncières typiques des espaces communautaires. Mais il faut les situer à partir de positions ou d'approches pédagogiques face à ces contextes. La méthodologie utilisée était qualitative au niveau herméneutique-juridique et des discussions conceptuelles ont eu lieu sur des catégories telles que: la pédagogie sociale, les biens communs et la communauté. Pour cela, la démarche à suivre était basée sur la recherche et la revue documentaire, à travers des bases de données, des ouvrages académiques et des documents institutionnels. Parmi les principales conclusions étaient de considérer que les biens communs en Colombie sont souscrits dans la discussion entre la sphère juridique et économique, mais la possibilité d'enregistrer ces biens dans la sphère sociale est longitudinale et nécessaire comme une question qui, dans le collectif a sens à travers la multiplicité des usages qui les constituent en biens sociaux. Or, les biens communs se situent à partir des approches pédagogiques dans les contextes dans lesquels elles sont immergées, tels que la relation dialogique sujet- communauté, la construction collaborative des savoirs, la participation- dialogue, la production et l'accès aux savoirs.

Mots-clés : biens communs, pédagogie sociale, communs, communauté, communauté.

R E S U M O

O presente escrito é reflexivo sobre os bens comuns para além do binômio público-privado em que estão inscritos, o que sugere um domínio e acesso, em direitos, propriedade, interesse e utilidade pública, discussões jurídicas econômicas que permeiam na discussão de reduzi-los a meros recursos e objetos. Os bens comuns na Colômbia desde 1991 fazem parte da relação comunitária e do marco institucional e jurídico que os reconhece como direitos, a partir de uma dinâmica historicamente situada. Isso implicou desafios e relações entre a propriedade privada e as lutas pela terra típicas dos espaços comunitários. Mas devem ser localizados a partir de posições ou abordagens educativas frente a esses contextos. A metodologia utilizada foi qualitativa em nível hermenêutico- legal e foram realizadas discussões conceituais sobre categorias como: pedagogia social, bens comuns e comunidade. Para isso, o procedimento a seguir baseou-se na pesquisa e revisão documental, através de bases de dados, livros académicos e documentos institucionais. Entre as principais conclusões foi considerar que os bens comuns na Colômbia são subscritos na discussão entre a esfera jurídica e a econômica, mas a possibilidade de registrar esses bens na esfera social é longitudinal e necessária como matéria que no coletivo tem sentido através da multiplicidade de usos que os constituem em bens sociais. No entanto, os bens comuns são localizados a partir de abordagens educativas nos contextos em que estão imersos, como a relação dialógica sujeito-comunidade, construção colaborativa do conhecimento, participação-diálogo, produção e acesso ao conhecimento.

Palavras-chave: bens comuns, pedagogia social, Commons, comunidade, comunidade.

1. Introducción

La problemática en este escrito se instala en abordar los bienes comunes más allá del binomio público-privado en el que están apuntados y, que sugiere el debate sobre el dominio y el acceso en cuanto a derechos, propiedad, interés y utilidad pública, que como discusiones jurídicas económicas calan en la cuestión de reducirlos a meros recursos y objetos.

Por tanto, el debate y la reflexión están centrados en comprender, no tanto los bienes comunes sino, lo Común, como lo sugieren Laval y Dardot (2015) entendiéndolo por fuera de la propiedad que, desde luego, atañe a elementos tangibles y no tangibles, es decir, es entender una acción política como coactividad que concierne a muchos, o a todos. Dicha acción tiene cabida en el ámbito pedagógico, toda vez que la capacidad de creación compartida que involucra un saber y un saber hacer se transmite y transita por relaciones y experiencias que adquieren un conjunto de personas unidas por una obligación o deber mutuo (Esposito, 2007).

Por tanto, es pertinente problematizar lo Común en perspectiva de una pedagogía social, toda vez que es necesario reconocer el valor de estos y las capacidades por parte de las comunidades para actuar de manera autónoma en la esfera de lo común, koiné, esto es, en la reunión de “hombres de buena voluntad, de todas las clases y confesiones” (Laval y Dardot, 2015, p.27). En esa medida, los bienes comunes que se entienden en lo Común no tienen un funcionamiento unidimensional (Marcuse, 2016) como es prescripto por la racionalidad gubernamental neoliberal, es decir, que tienen un fin rentable en tanto que son bienes mercantilizados y, por tanto, su comprensión parece olvidar que se fundamentan en prácticas económico-políticas de lo comunitario.

Lo que se comprende como bienes comunes está actualmente inscrito en el funcionamiento de la propiedad privada en el cual el ordenamiento jurídico moderno, ejemplo, el colombiano, preserva sobre los derechos colectivos los derechos individuales adquiridos (Sentencia 306 de 2013 Corte Constitucional).

No obstante, el derecho a la propiedad no es absoluto, sino también se reconoce que “la constitución protege y promueve las formas asociativas y solidarias de la propiedad, iii) se reconoce el carácter limitable de la propiedad, iv) se establecen las condiciones en que prevalece el interés público o social sobre el interés privado” (Fallo 04080 de 2019 Consejo de Estado).

En esa medida, el interés público o social invita a reflexionar, como indica (Ostrom, 2000), en el desarrollo institucional de la administración colectiva de los bienes y en las capacidades de los individuos y comunidades para asumir su valoración y mantenimiento que tanto histórica, política y socialmente le son comunes por su uso y beneficio. Esas capacidades son susceptibles de ser agenciadas por un institucionalismo que no posibilita la reflexión crítica, política y económica de la realidad social de los bienes comunes.

En tal sentido, se requiere de una democratización común del uso y beneficio de estos bienes, la cual sugiere una comprensión en la manera que se orientan procesos de saber sobre su cuidado y defensa. De hecho, los procesos de saber son propios y emergen con y en la pedagogía que, siguiendo a (Kant, 2008), se asume en el cuidado y preocupación por su valoración y mantenimiento.

Es la pedagogía la condición de posibilidad frente al apremio en el que hoy se ha desvirtuado el sentido de lo común respecto a los bienes, y mediante la cual los individuos y comunidades parten de la experiencia cotidiana compartida; en ella desarrollan una conciencia crítica de sí mismas y de su entorno (Freire,1993) como paso previo al cuidado y a la acción concerniente con el uso benéfico de lo establecido como común.

La ruta metodológica del presente escrito es cualitativa de nivel hermenéutico- jurídico y está orientada en la interpretación del funcionamiento de las experiencias sociales y comunitarias que están presentes en los objetivos de la actual investigación. De modo que, lo -hermenéutico- jurídico se compone de una interpretación de las dimensiones éticas, relacionales y prácticas propias de una pedagogía social que tiene como basamento dar cuenta de la potencialidad y aporte particular que requiere dicha pedagogía, a partir de establecer horizontes reflexivos que permitan comprenderla.

Se realizaron discusiones conceptuales sobre categorías como: pedagogía social, bienes comunes y lo comunitario. Para ello, el procedimiento a seguir fue a partir de la búsqueda y revisión documental y de leyes, a través de bases de datos, libros académicos y documentos institucionales. Esta revisión quedó en fichas de revisión bibliográfica y en una matriz de análisis de categorías que sistematiza posturas, autores y corrientes relacionadas con dichas categorías. La estructura del artículo es la siguiente, en el segundo numeral se aborda la discusión desde el ámbito legal y político en Colombia en torno a los bienes comunes desde el derecho a la propiedad colectiva. En el numeral tercero, se considera los bienes comunes en la esfera comunitaria, pedagógica; también se considera la pedagogía social y la educación popular. En el numeral cuarto, están los bienes comunes en el ámbito de la esfera comunitaria y la pedagogía social, es decir, la reflexión alrededor de la pedagogía social del cuidado de lo común. Por último, en el numeral quinto se discute y concluye sobre el horizonte de lo común alrededor de los cambios culturales y sociales desde un enfoque comunitario.

2. Los bienes comunes: un asunto del ámbito jurisprudencial en Colombia

En este apartado se da cuenta del marco legal e institucional en relación la comprensión de los bienes comunes en Colombia. En tal sentido, la Constitución Política de 1991 apertura la concepción jurídica de un Estado social de derecho hacia una diversidad epistemológica desde diferentes sentidos: los derechos generacionales, la institucionalidad y el territorio. Salir de una constitución decimonónica como la de 1886, en donde el soberano era “Dios”, es renovar el sentido jurisdiccional del Estado y de la sociedad, pues desde 1991 el pueblo es el soberano y, con ello, se cimentan los valores de una democracia que promueve las libertades y la participación política de todos los ciudadanos del territorio.

Hablar de los bienes comunes y su fundamentación jurídica es recurrir primeramente a su apoyo epistemológico y sociológico, pues permite un panorama que sea visible a esa cosmovisión posmoderna de lo “común” y su problematización dentro del espacio-tiempo colombianos, es así como Laval y Dardot( 2015) reconocen primeramente la noción de lo común que desde “el punto de vista de la filosofía política, lo común siempre parece que debe anteceder a las comunidades, representar su fundamento, el suelo, la raíz inmutable, la esencia, la naturaleza” (p.25), por lo tanto, es un hecho que el concepto de lo “común” se inscribe dentro de una sociedad que busca el reconocimiento de su espacio y de su participación dentro de una esfera pública que la concibe como la razón de ser de la pluralidad y de lo político.

Lo común, se inscribe dentro de esa paradoja de lo privado y de lo público, debido a que con la racionalidad gubernamental neoliberal riñen los asuntos individuales de terceros y de la economía extractivista con la reclamación de la propiedad colectiva de los pueblos étnicos ancestrales Por tal razón, dentro de un marco jurídico nacional, en este caso, el de Colombia, está solidificada en primera instancia por la Carta Magna de 1991, pone en evidencia una serie de artículos que aportan a la propiedad de los bienes comunes identificando la esencia social y étnica de dichos bienes.

El artículo 63 de la Constitución Política de 1991 afirma que “los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”, donde se confirma la autoridad constitucional de las poblaciones étnicas a poseer sus tierras comunitarias y a explotar y cuidar los recursos que tienen a su disposición, asimismo y, con lo anterior, el artículo 48 confirma en uno de sus incisos que “el Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad”.

Ahora bien, la Carta Magna de 1991 formaliza todo un sistema de vías para la aplicación de los imperativos relacionados con los bienes comunes y la inclusión de las comunidades étnicas dentro de su derecho a conformar comunidades dentro del territorio colombiano, como es el caso de las comunidades afro en la región pacífica, mediante la ley 70 de 1993 que:

Tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva; de igual manera , establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana.

Sin embargo, no son solo las comunidades étnicas las únicas en obtener esta protección jurídica de la propiedad colectiva a la luz de la constitución política, la población campesina colombiana también ha acudido a este derecho gracias a la ley 160 de 1994, la cual creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural campesino, y tenía como deber promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios y a otros servicios públicos rurales, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina.

En esa misma medida, se crea el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) como organismo estatal que permitiera ese acceso a la tierra y a su posterior aprovechamiento, pero el artículo 178 de la ley 1152 de 2007, deroga esta ley y, con su vinculación al sistema jurídico colombiano, dictó el estatuto de Desarrollo Rural y reforma del INCODER. Esta última entonces, se declara también inexequible mediante la Sentencia C- 157 de 2009, pues demandó la inconstitucionalidad del Estatuto de Desarrollo Rural en donde se omitía el “deber estatal de consulta previa a comunidades indígenas y grupos étnicos que puedan resultar afectadas”.

Es necesario en este apartado rescatar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1989), el cual:

prevé una manifestación del derecho de participación de las comunidades indígenas en el trámite de adopción de medidas legislativas o administrativas que las puedan afectar- fijó obligatoria la consulta de las comunidades indígenas y tribales que pudieran afectarse a medidas legislativas (p. 1)

El anterior convenio establece que los Estados parte se encuentran obligados a respetar el carácter colectivo de los territorios de los pueblos indígenas y tribales y “consagra el derecho de los pueblos a decidir el proceso de desarrollo que afecte a las tierras que ocupan” (OIT, 1989), También establece que la protección de la propiedad no se limita a las tierras habitadas por los pueblos ya que en los casos apropiados se debe conservar el derecho a la tierra a las que estos tienen históricamente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia y tradicionales (ver tabla 1).

El anterior convenio fue adaptado en el año de 1989 a nivel internacional, sin embargo, fue ratificado y vinculado en Colombia en el año de 1991 mediante la ley 21 la cual ratifica el mismo convenio. Por último, se hace referencia a la Sentencia T- 387 del año 2013 que consigna “el derecho a decidir el proceso de desarrollo que afecte a las tierras que ocupan”.

Dentro de este bagaje de interpretación jurídica, es pertinente considerar la tensión entre la concepción y defensa de la propiedad privada que se inscribe en el Estado de Derecho y las formas de reivindicación y luchas sobre lo que tienen las comunidades sobre sus espacios de vida, de habitar, es decir, sobre sus bienes comunes, que son comunitarios y se establecen en el Estado Social de Derecho. Por ello, es acertado el papel que cumplen las comunidades y su relación con los bienes comunes, en tanto que el carácter constitucional de la protección hacia este tipo de bienes confluye con la participación política de las poblaciones y su poder de decisión en los asuntos que concierne desde la propiedad colectiva y su uso productivo, social y ambiental.

Sin embargo, el marco constitucional colombiano de 1991 como vivo ejemplo del Estado moderno de derecho deja una fisura o grieta entre el derecho a la propiedad privada y la propiedad colectiva en donde no se aúnan unos principios legales para poder establecer una legalidad que facilite el trabajo comunitario en torno a la propiedad, donde fue necesario acudir a pensadores clásicos modernos para demostrar esa fisura mencionada con anterioridad, como lo son Adam Smith y Jean- Jacques Rousseau, los cuales demuestran los ideales de la modernidad plasmados en el liberalismo y en el supremo derecho a la propiedad privada.

En primer lugar, el representante de la doctrina económica clásica, Adam Smith, ejemplifica el acceso a la tenencia de la tierra a partir de un solo individuo buscando la mejor manera de adquirir una renta que beneficie a ese solo propietario.

(…) El que traza esos límites deviene propietario real de la mina y puede explotarla él mismo o arrendarla a un tercero, sin necesitar el acuerdo del dueño del terreno, al que en cualquier caso se paga un pequeño canon su explotación. En ambas reglamentaciones el sacrosanto derecho a la propiedad privada es sacrificado en aras de los supuestos intereses de la hacienda pública (Smith, 1996, p.243).

Smith (1996) construye así un panorama de los inicios del capitalismo a partir de un liberalismo y un individualismo como baluartes de la modernidad. Todo esto devino en el ordenamiento jurídico moderno enfatizado en la propiedad privada como derecho natural y en la posterior incidencia de esta doctrina económico-político en los modernos Estados nacionales; así, ese liberalismo clásico de Smith sigue perviviendo en esa racionalidad neoliberal posmoderna y en la propiedad privada de los medios de producción.

En segunda instancia, Rousseau admite ese liberalismo e individualismos expuestos por Smith en “El contrato social”, afirmando ese título positivo de la propiedad privada como mecanismo de posibilidad frente a un sistema económico que tiene connivencia con un sistema político moderno que se promueve a través de la razón ilustrada y del sentimiento burgués:

El hombre gana con el contrato social es la libertad civil y la propiedad de todo lo que posee…así como por la posesión que no es más que el efecto de la fuerza o el derecho del primer ocupante, de la propiedad, que no puede fundamentarse más que en un título positivo (Rousseau, 1993, p.19- 20).

Por último, las leyes fecundan el sentir de la ciudadanía y sus luchas por la obtención de los derechos colectivos los cuales evidencian la construcción social de los ciudadanos a permanecer en los territorios desde su lugar de enunciación, sobre todo, frente a la convivencia con la naturaleza y sus beneficios que se aprovechan para la subsistencia.

3. Los bienes comunes, el ámbito de la esfera comunitaria, pedagógica

Ahora bien, se parte de lo común no solo como un asunto situado en el marco legal e institucional colombiano, sino como una producción histórica que tiene como condición de posibilidad de existencia en la esfera comunitaria. La pedagogía social, por su parte, permite comprender un enfoque contextual de la relación dialógica entre un aprendizaje, enseñanza, producción y apropiación de saberes, de manera circular. Es de resaltar que, consideramos lo Común como punto de reflexión y, desde luego, la pedagogía tiene como horizonte de discusión la comunidad, en específico, la producción de lo inmaterial como valor simbólico que parte de elementos clave como la reciprocidad, reacción positiva de las conductas igualmente positivas con y desde el otro con los otros; el abordaje comprensivo y el funcionamiento de los bienes comunes a partir de lo Común y, que tienen como condición de posibilidad, la pedagogía del cuidado de los usos comunes, no como discurso económico e institucional en el que el sujeto es objeto de educación-formación, sino como saber- hacer con el otro, con los otros, esto es, como posibilidad de conducción del saber hacia el hacer en lo comunitario, en el que emerge su definición, usos y propósitos, resultado de un proceso liberador y transmisible.