Guerra y paz: una revisión conceptual. Una interpretación para el caso colombiano

Guerra y paz: una revisión conceptual. Una interpretación para el caso colombiano

Renzo Ramírez Bacca*

* Profesor de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín (Colombia). Correo electrónico: rramirezb@unal.edu.co. El autor es Ph.D en Historia de la Universidad de Goterborg (Suecia). Entre sus publicaciones recientes tenemos: en coautoría, Colonización, poblamiento y comercio en el suroeste antioqueño. El caso del municipio de Jardín (Antioquia), 1830-1913, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Vol. 40 No 2, (2013) y Tendencias de la historia regional en Colombia. Problemas y perspectivas recientes, HISToReLo, Primer Semestre, Vol. 3, No. 5 (2011). Entre sus temas de interés está la historia institucional, los estudios sobre el café y sobre colonización y poblamiento.

Hernán David Jiménez Patiño**

** Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín (Colombia). Correo electrónico: hdjimenezp@unal.edu.co. El autor es actualmente estudiante de Maestría en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín (Colombia). Entre sus intereses están los temas de relaciones intergubernamentales, gobierno y políticas públicas y la historia institucional.

Recibido: 17 de junio de 2013

Aprobado: 25 de octubre de 2013

Modificado: 15 de diciembre de 2013

Artículo de investigación e innovación

Resumen

El artículo ofrece una revisión en torno a los conceptos guerra y paz a luz de la historicidad del caso colombiano. La intención es caracterizar y tipificar el fenómeno del conflicto y sus actores, señalando la polisemia de estos conceptos. Los autores advierten sobre la importancia de su análisis a la luz del contexto histórico para señalar el fenómeno de la “nueva guerra”, que libra el Estado en el tiempo reciente, y de la complejidad para finalizar el anterior ciclo de violencia. En cuando al componente relacionado con la paz se propone aclarar los conceptos de “justicia transicional” y “justicia restaurativa”, vistos como mecanismos transicionales de justificación hacia una paz, cuyos antecedentes siempre se han apoyado en amnistías e indultos a los actores del conflicto, sin considerar y reparar a sus víctimas.

Palabras clave: guerra, paz, guerra civil, conflicto armado, justicia, Colombia.

War and Peace: A conceptual revision. An interpretation for the Colombian case

Abstract

This article presents a review about the war and peace concepts in light of the history of the Colombian case. The purpose of this review is to characterize and classify the conflict phenomenon and its participants, pointing out the polysemy of these concepts. The authors warn about the importance of the analysis of these concepts in light of the historical context, to emphasize on the phenomenon of the “new war” waged by the State in recent times; and about the complexity to end the previous cycle of violence. Regarding to the peace-related component, its aim is to clarify the concepts of “transitional justice” and “restorative justice” seen as transitional mechanisms of justification towards a type of peace, whose history is full of amnesties and pardons for the actors in the conflict, without taking into consideration or compensating their victims.

Key words: war, peace, civil war, armed conflict, justice, Colombia.

Guerra e paz: uma revisão conceitual. Uma interpretação para o caso colombiano

Resumo

O artigo apresenta uma revisão sobre os conceitos de guerra e paz à luz da historicidade do caso colombiano. A intenção é caracterizar e tipificar o fenômeno do conflito e seus atores, assinalando a polissemia desses conceitos. Os autores advertem sobre a importância de sua análise à luz do contexto histórico para destacar o fenômeno da “nova guerra” travada pelo Estado nos últimos tempos e da complexidade para terminar o anterior ciclo de violência. Quanto ao componente relacionado com a paz se propõe a esclarecer os conceitos de “justiça transicional” e “justifiça restaurativa”, vistos como mecanismos transicionais de justificação para uma paz, cujos antecedentes sempre foram apoiados em anistias e perdões aos atores do conflito , sem considerar e compensar as vítimas.

Palavras-chave: guerra, paz, guerra civil, conflito armado, justiça, Colômbia.

Guerre et paix: une révision conceptuelle. Une interprétation pour le cas colombienne

Résumé

L’article révise les concepts de guerre et de paix compte tenu de l’histoire colombienne. L’intention est ce de caractériser le phénomène du conflit et ses acteurs, en soulignant la polysémie de ces deux concepts. Les auteurs mettent en garde l’importance de cette analyse à partir du contexte historique pour signaler le phénomène de la ‹‹nouvelle guerre››, que livre l’État actuellement, et de la complexité pour finir le cycle antérieur de la violence. Quant à la paix, on propose clarifier les concepts de ‹‹ justice traditionnelle›› et ‹‹ justice réparatrice››, considérés comme mécanismes traditionnelles de justification vers la paix, dont les antécédent ont été toujours appuyé dans les amnisties a les acteurs du conflit, sans réparer les victimes.

Mots-clés: guerre, paix, guerre civile, conflit armé, justice, Colombie.

Introducción

Este artículo ofrece un balance conceptual sobre la problemática de la guerra y la paz teniendo como referente el caso colombiano. Tratarlo implica su contextualización y una delimitación del marco temporal, pero también una revisión conceptual de la problemática. Nuestro marco de comprensión inicial es la historia política reciente del país (1974-2013) y lo que se propone es un enfoque analítico y reflexivo. La intención es revisar distintas posiciones teóricas y de esta manera responder a las preguntas: ¿Qué tipo de conflicto experimenta la sociedad colombiana en la segunda mitad del siglo XX? ¿Cómo podemos entender su dinámica y proceso? ¿Cuáles son las alternativas para su solución o marcos propositivos hacia la paz? El punto de partida es la siguiente revisión reflexiva sobre su teorización.

1. Teorización de la guerra

Para iniciar podemos preguntar: ¿Es aplicable el concepto de guerra en el territorio colombiano a la luz del sistema internacional? Si bien los tres conceptos centrales: Jus ad bellum, Jus in bello y Jus post bellum, –relacionados con la justificación de la guerra, qué cosas permiten justificarse en ella, y la reconstrucción después de la guerra–, pueden ser elementos doctrinarios que guíen su comprensión; hay matices del conflicto que no se entienden por la complejidad y particularidad del fenómeno.1 Por ejemplo, en la historia reciente identificamos cierta justificación de un combate frontal a la insurgencia a partir del concepto del “narco-terrorismo”, que son evidentes a partir de la administración de Andrés Pastrana Arango (1998-2002) y Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). De cualquier modo, la degradación del conflicto no permitió en sumo grado considerar qué podría justificarse en el enfrentamiento; teniendo en cuenta al aumento de masacres a pobladores civiles en las zonas de conflicto, evidenciado desde las administraciones de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) y Pastrana Arango, y adquiriendo otros matices en la de Uribe Vélez, con los denominados “falsos positivos”, cuando unidades de las Fuerzas Armadas del Estado se involucraron en muertes de la población civil.2 En cambio, respecto de la etapa de la reconstrucción, ya anunciada por Pastrana Arango con el denominado Plan Colombia, esta tiene ciertos acentos que están relacionados con la reinserción de guerrilleros y paramilitares a la vida civil y algunos programas de apoyo a la población más vulnerable. Sin embargo, no podemos determinar que esas experiencias han logrado poner fin al conflicto. Y, que la “guerra” o “conflicto” colombiano tiene un orden que permita analizarse desde una perspectiva procesal y con dichos conceptos.

Algunos teóricos como Schmitt3 y Clausewitz4 en cambio, permiten el estudio y la comprensión de la guerra desde otros enfoques tales como la enemistad, la teoría del guerrillero y la guerra como un fin; con lo cual ayudan a clasificar y tipificar a los actores del conflicto. Por ejemplo, respecto de la condición amigo-enemigo, –que se da en términos políticos–, el surgimiento de la hostilidad en cualquier colectivo u organización humana que altera la unidad política, abre espacio a un escenario y relaciones de conflicto en un juego de guerra donde los enemigos se conforman al no figurar como aliados en la unidad política. Estas características pueden evidenciarse en los procesos de paz liderados por distintos gobiernos con los subversivos. Es frecuente encontrarlas en los diálogos con el Movimiento 19 de Abril (M-19), que identificaron a los gobiernos de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), Belisario Betancur Cuartas (1982-1986), Virgilio Barco Vargas (1986-1990) y César Gaviria Trujillo (1990-1994) o los diálogos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante el gobierno de Samper Pizano. Para no señalar los puntos altos de diálogo con las FARC de los gobiernos de Betancur Cuartas y Pastrana Arango; o de los grupos paramilitares con el gobierno de Uribe Vélez.

La Teoría del guerrillero de Schmitt permite señalar que casi siempre las guerrillas colombianas han tenido una vocación política que se diferencia del soldado regular por los siguientes aspectos: a) Compromiso político: con su ideología y territorio; b) Irregularidad: no es un soldado regular con armamento y uniforme, evita enfrentamientos masivos, puede portar o no armas, tiene alta capacidad de movilidad entre cierta población; y c) Telúrico: actúa en un territorio y población determinada con aceptación y respaldo social. No por otra razón Hammes5 a la luz del famoso libro de Mao Tse-Dung On Guerrilla War [Yu Chi Chan] del año 1937, reafirma que la insurgencia es una lucha política, no militar. Perdurable en el tiempo, como una de sus principales características. Tales identificaciones ayudan a estudiar las guerras insurgentes y contrainsurgentes durante la Guerra Fría, el inicio de la problemática guerrillera del caso colombiano, o incluso el fenómeno del paramilitarismo.6

En cambio cuando Clausewitz7 define la guerra como la continuidad de la política por otros medios y la guerra como un fin para perseguir unos objetivos,8 podemos argumentar que, en cierta medida, los actores del conflicto armado colombiano cumplen con tales condiciones. Las guerrillas justificando la lucha armada para la toma del poder, los paramilitares apostando por la contrainsurgencia en defensa del Estado, la sociedad civil –empresarios, ganaderos y comerciales–, los políticos y los militares, apoyando la confrontación en función de sus intereses militares, políticos o económicos, en algunos momentos de modo radical y frontal, en otros con baja intensidad, y en varios, con alianzas políticas o negociaciones no oficiales.9 No obstante, la demostración de lo indebido que resulta del uso de las mismas estrategias o metodologías insurgentes para su combate –compréndase paramilitarismo o autodefensas.10

En cualquier caso, siguiendo a Clausewitz, al observarse el fenómeno colombiano, “la guerra constituye, por tanto, un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad”, dentro de una concepción trinitaria que se explica del siguiente modo: un gobierno, un mando y fuerza militar, y una población. La “trinidad” significa en esencia tener en cuenta las decisiones y objetivos políticos como función esencial y principal del gobierno, el combate y el talento militar como parte de la correspondencia del comandante y sus fuerzas militares, y los sentimientos (enemistad, guerra, violencia, odio) como atributos de la población.11

El modelo de guerra de Clausewitz señala que la población civil es víctima de la guerra,12 lo cual es demostrable en los estudios recientes sobre el conflicto armado colombiano.13 También conviene señalar que uno de los actores enfrentados no es un ejército regular y que no existe una guerra interestatal, además que los actores enfrentados no tienen igual capacidad (militar, técnica, institucional), en este caso las guerrillas del ELN y las FARC, y los anteriores grupos paramilitares. Así, el modelo de racionalidad de la guerra es el análisis costo-beneficio, en especial cuando los costos económicos sobrepasan los objetivos políticos para lograrlo en su duración y extensión. En nuestro caso, el conflicto tiene unos costos económicos y sociales muy altos, superiores a los objetivos políticos,14 que permite plantear si la guerra será abandonada por parte de los actores enfrentados cuando este modo de racionalidad es identificable.15 La pregunta entonces es: ¿A quién ha beneficiado el conflicto colombiano en los últimos años?

2. Clasificación y tipología del(os) conflicto(s)

El conflicto armado colombiano, que tiene sus orígenes y motivaciones en una diversidad de ideologías, intereses y objetivos, requiere una clasificación y caracterización, con miras a una posible solución pacífica, jurídica o armada como lo ha señalado también Posada Carbó.16 Tarea nada fácil de asumir. Ello, porque como lo señala Eduardo Pizarro:17 “… tiene de inmediato connotaciones políticas, militares y jurídicas en el ámbito interno como en el internacional”. Ya conocemos las discusiones, para señalar solo la más reciente. ¿Son las FARC un “grupo guerrillero”, identificado por su ideología comunista, interlocutor de un movimiento y un conflicto armado, y con el cual el Gobierno tiene la disposición de dialogar sobre la “paz”, o es un “grupo narco-terrorista”, al margen de la ley, contra quien una guerra sin cuartel y su eliminación por la vía militar es la prioridad de la agenda estatal? Tales caracterizaciones implican no solo la adjetivación de su cuerpo sino también tener en cuenta ciertos rasgos. Tomemos las ofrecidas por el Department of Peace and Conflict Research de la Universidad de Uppsala (Suecia) y su programa Uppsala Conflict Data Program (UCDP).18

Este ofrece una tipología que está determinada según el territorio de las operaciones y los actores. Podemos entonces considerar el caso como un conflicto interno, que tuvo sus orígenes en la internacionalización de la lucha ideológica entre las superpotencias (Estados Unidos y Unión Soviética), los movimientos de liberación nacional en América Latina, –a partir de la Revolución Cubana–, la lucha antidrogas desarrollada después del colapso de los países del Bloque Socialista y la lucha contra el terrorismo internacional en el siglo XXI. Una internacionalización de luchas ideológicas y estrategias bélicas y militares, que finalmente tuvieron como nicho un conflicto interno generado por un sistema político tradicionalmente bipartidista elitista y cerrado, y por la transformación de una violencia política a otra violencia subversiva.

Pizarro19 también ofrece una tipología para la clasificación de los conflictos con base en los actores enfrentados, las fronteras o la participación de distintos Estados, en la que el caso colombiano podría considerarse un “conflicto armado interno”, ya que es producto del enfrentamiento del Estado y grupos de oposición interna, sin la participación directa de otros, de uno u otro bando. En tal sentido no puede considerársele como un conflicto regional complejo –cuando se cuenta con la participación de terceros a favor–, un conflicto armado extra-estatal –cuando hay una guerra sin fronteras–, o un conflicto armado interestatal –cuando se enfrentan dos Estados–.

Así tenemos, a partir de las consideraciones del UCDP y Pizarro, que el fenómeno colombiano se asemeja más a las características de un “conflicto armado interno” con repercusiones regionales.20 Aunque también ha degradado en tendencias paraestatales en ciertas zonas por parte de los actores involucrados, en conflictos entre los mismos actores ilegales –Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) vs Ejército de Liberación Nacional (ELN), AUC vs FARC, Cartel de Cali vs Cartel de Medellín, Cartel de Medellín vs Perseguidos por Pablo Escobar (PEPES)–; e incluso en una violencia unilateral de los distintos grupos –AUC, FARC, ELN, Cartel de Medellín– contra la población civil.21 ¿Cuál es entonces el papel del Estado y sus distintos gobiernos frente a este conflicto?

2.1. ¿Guerra contrainsurgente o guerra civil?

En cifras oficiales podemos considerar que se han presentado 8 Acuerdos Humanitarios y de Cese al Fuego, 15 Agendas y Acuerdos preliminares y de procedimiento, y 7 Acuerdos finales de paz entre 1984 y 2003, en donde participaron representantes del Gobierno y el Estado colombiano. Los principales protagonistas son grupos guerrilleros como el ELN, FARC, Movimiento 19 de Abril (M-19), Ejército Popular de Liberación (EPL), Movimiento de Autodefensa Obrera (ADO), Partido Revolucionario de Trabajadores (PRT) & Quintín Lame, Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), Comandos Ernesto Rojas, Corriente de Renovación Socialista (CRS) y Frente Garnica, Milicias de Medellín, Movimiento Independiente Revolucionario – Comandos Armados (MIR-COAR), y grupos paramilitares como el Bloque Central Bolívar y Vencedores de Arauca.22 Grupos que en su mayoría comenzaron una guerra subversiva contra el Estado, o que en su opuesto iniciaron un levantamiento de fuerzas contra los grupos guerrilleros, con el apoyo de grupos legalmente constituidos o población civil. Se trata de una insurgencia que ha tenido motivaciones políticas y sociales dentro o fuera del Estado y que ha surgido más por las condiciones de exclusión social, política y económica; también se debe considerar sus orígenes, como ya fue señalado, por fenómenos relacionados con movimientos comunistas y acciones de represión o no participación del sistema político. Pero, que como señala Chernick,23 en muchos casos estuvieron determinadas por la intervención de los Estados Unidos o la antigua Unión Soviética durante la Guerra Fría, cuando se enfrentaron indirectamente a grupos insurgentes o contrainsurgentes con objetivos políticos y geopolíticos en los llamados países del Tercer Mundo o países en vías de desarrollo.24

El Estado ha tenido como objetivo contener o enfrentar dichas fuerzas con el fin de proveer su inestabilidad o un posible derrocamiento de gobierno. Por eso desde los entes oficiales también se ha desarrollado una guerra contrainsurgente, en una guerra declarada a los insurgentes en momentos con un ejército regular, en otros con grupos irregulares (paramilitares), o incluso con una combinación de ambos, para no permitir su control territorial o el proyecto de la toma del poder. Rangel,25 en ese sentido, señala varias estrategias de guerra que van desde la inteligencia, coordinación de operaciones militares, coerción con la sociedad, y el control, registro y orden de la población. Pero, ¿puede este conflicto colombiano considerarse una guerra civil?

2.2. Guerra civil: algunas características

Mucho se ha discutido en los últimos gobiernos sobre esta problemática. ¿Existe o no el fenómeno del paramilitarismo, tenemos guerrillas o narcoterroristas, es un conflicto armado o una guerra civil? Las discusiones siempre han estado al vaivén de la política de turno y el matiz que adquiera en la opinión pública. Lo cierto que han existido más disensos que consensos, solo para limitarnos a la parte conceptual, por lo cual nuestra conjetura es que la definición del concepto “guerra civil” varía también según las dimensiones sociales, militares, políticas, económicas, y las acciones de los actores en conflicto en un determinado territorio y tiempo.

Pizarro,26 por ejemplo, en su análisis sobre la caracterización de la guerra civil señala tres aspectos fundamentales: 1) La existencia al menos de dos proyectos de sociedad antagónicos; 2) Los cuales dan origen a una enconada polarización nacional que se expresa en el terreno del enfrentamiento armado; y 3) La existencia de una soberanía escindida. Tres características que para nuestro caso tiene solo cierto porcentaje de cobertura territorial, un mayor impacto en la opinión pública y la política colombiana, y una posición muy lejana respecto de una soberanía dividida. En todo caso es al vaivén de su politización que se expresa la polarización del conflicto en términos ideológicos, políticos y militares.

Sin embargo, Collier y Hoeffler27 señalan que la definición operativa de guerra civil requiere de operaciones militares y también de cuatro elementos principales: 1) Al menos 1.000 muertos en combate; 2) Una resistencia efectiva donde el actor más débil haya ocasionado el 5 % de las muertes; 3) Distinguir la guerra de genocidios y masacres; y 4) Participación activa del Gobierno nacional.28 Pero si tomamos el análisis de Collier29 sobre las causas económicas de la guerra civil, según su observación de conflictos entre 1965-1999, se verifican diferentes aspectos en los cuales puede aumentar o disminuir el riesgo de existencia de una guerra civil. Su evidencia empírica tiene una conclusión causal principal: las guerras civiles se presentan por descontento y problemas sociales, por la diversidad étnica y religiosa, por la ausencia de sistemas democráticos fuertes. Lo que también puede ayudar a la comprensión del caso colombiano, donde siempre es evidente el descontento de la población a raíz de problemas estructurales no resueltos, su diversidad étnica, y la debilidad del aparato estatal en las regiones.

Las anteriores características ayudan a comprender porqué de su diferencia y complejidad, y el papel protagonista y satelital de las regiones y sus poderes, incluidos los actores armados del conflicto. Tengamos en cuenta que la guerra insurgente casi siempre se ha dado en zonas marginadas o de frontera, con escasa presencia de los estamentos del Estado, con un papel protagonista de los líderes políticos regionales o incluso en ausencia de estos, y en zonas de gran diversidad étnica como lo representan el contraste étnico-regional entre la zona de Urabá, el Cauca, los Llanos y la Amazonia. Zonas muy ricas, con un potencial enorme de explotación de recursos naturales y rentas públicas.

Sin embargo, Ramírez,30 con base en los postulados de Paul Collier, Mary Kaldor y Stathis Kalyvas, defiende la caracterización de guerra civil del conflicto armado colombiano teniendo en cuenta los siguientes aspectos centrales: a) Actores armados enfrentados tienen de por medio el manejo del Estado; b) Un tratamiento sociopolítico y militar con la evidencia de aniquilación del adversario y las negociaciones de paz; y c) Tres visiones de ciudadano: autoritario de derecha por las AUC, autoritario de izquierda por las FARC, y conservador del orden capitalista. Ramírez sostiene que las anteriores características de la guerra civil permiten explicar la extensión, profundidad y continuidad del enfrentamiento armado, pero también el tipo de soluciones y las “adecuadas convergencias” que se deben dar a la sociedad. Postulado este que compartimos en función de una solución integral del conflicto.

En una comprensión más básica, Uribe y López,31 quienes estudian las guerras civiles colombianas decimonónicas, advierten que una guerra civil la identifican los siguientes elementos: participación del Estado o comunidades, y lucha entre ciudadanos de dos o más fuerzas contendientes, una de las cuales debe estar al servicio del Gobierno. Esta lógica permite afirmar que en efecto existe una guerra civil en Colombia, aunque vale entonces preguntar, en qué porcentaje está involucrada la población en general. Al observar, en términos cuantitativos, tales proyecciones son mínimas, si bien el mayor número de víctimas corresponde a la población civil desamparada o marginada, que en el mejor de los casos logra su sobrevivencia con el desplazamiento forzado, lo cual tiene algunos matices ya por el problema de la violencia, la falta de oportunidades, el bienestar material o las oportunidades económicas y la cuestión política. Por ello, a las definiciones anteriores, podemos señalar que en las guerras civiles también se pueden evidenciar objetivos políticos en los actores enfrentados, de tal modo que se convierten en guerras de carácter político con fines en el Estado (proestado o construcción de un nuevo Estado), como se evidencia en la intencionalidad de “refundar” o “revolucionar” el Estado a partir de un proyecto ideológico determinado por parte de grupos guerrilleros o paramilitares.

Kalyvas,32 quien es otro teórico de las guerras civiles, las define como una “lucha armada dentro de los límites de una entidad soberana reconocida, entre partes sujetas a una autoridad común al inicio de las hostilidades”. También ofrece una tipología de las guerras civiles donde analiza el comportamiento del Estado y los rebeldes (insurgentes) en una guerra civil. Llama la atención definir si el caso colombiano es una guerra convencional, irregular o simétrica no convencional. En su caracterización podríamos reconocer que estamos frente a un caso de una guerra civil irregular, marcada casi siempre, por combates indirectos y de bajo nivel, incluso en algunos casos evitando los combates con las fuerzas del Estado, con cierta diferencia entre la capacidad militar estatal y los insurgentes, con combates dominados por emboscadas y el asalto por parte de los grupos rebeldes. En los últimos 40 años, las fases y circunstancias cambiantes del conflicto, no permiten hacer generalidades para su caracterización, porque incluso el conflicto ha llegado a ser del tipo simétrico no convencional, cuando el Estado no ha tenido la capacidad de desplegar una fuerza militar organizada contra los insurgentes, o sencillamente porque el Estado, los insurgentes y los contrainsurgentes, no tienen la capacidad militar suficiente para identificar solo un vencedor. Lo cual permite considerar el conflicto en varias perspectivas según su transformación, períodos de tiempo y caracterización. Ello sin considerar las tres dimensiones a las que hace referencia Kalyvas,33 relacionadas de una parte con la causalidad y motivación del conflicto, de otra con el apoyo popular, y con la dimensión de la violencia. La diferencia entre las viejas y las nuevas guerras civiles, para retomar el caso colombiano, es que la asignación de un ingreso o incluso la adquisición de botines o trofeos de guerra; el bajo o escaso apoyo popular, y la violencia gratuita son características de los tiempos recientes.34

En las viejas guerras civiles las motivaciones eran políticas, en las nuevas se fundamentan en la búsqueda de recursos económicos. En las viejas guerras los actores políticos tenían suficiente respaldo popular en comparación con las nuevas guerras. La violencia en las viejas guerras era controlada por los ejércitos estatales o rebeldes y estos gozaban de organización; en las nuevas guerras no existe control sobre los usos de la violencia y en la organización de los bandos enfrentados; es la caracterización otorgada por Kalyvas35 para comprender las guerras civiles en el mundo moderno y contemporáneo; a diferencia de otras concepciones de que cuando no existe respaldo social y popular de los actores en la confrontación deja de existir una guerra civil. En esta lógica no tendríamos una verdadera guerra civil en el medio colombiano. Aunque, en el sentido relacional de Munkler y a juzgar por el número de víctimas civiles, se trataría de un tipo degenerado de “nueva guerra”.36

En contraposición Uribe,37 bajo la lógica de Schmitt, Kalyvas y Giraldo,38 señala que la existencia de una guerra civil no depende del apoyo popular y el grado de representatividad social. El factor a considerar es la participación de las personas y sus incentivos, no dependiendo de su cantidad, a cuenta de cambiar de bando o desertar con el fin de sobrevivir. Por lo que argumenta, que la distinción amigo-enemigo, ayuda de mejor manera a la explicación y comprensión de la guerra civil en su intensidad y motivaciones. De este modo, arguye que tal distinción no es solo para la confrontación sino también para evitar la lucha armada entre la unidad política. Por otro lado, señala como ya lo enunciamos, que un asunto a tener en cuenta de la guerra civil es la soberanía, en los términos de Kalyvas,39 por lo que en el caso colombiano se debe al proceso de formación de la Nación. En realidad otra de las preocupaciones en su análisis es la existencia de lo político con la característica de guerra civil. Hipótesis que también es validada a juzgar las distintas variables y experiencias de negociación de los gobiernos colombianos.

2.3. Guerra y sociedad

Hemos identificado la ambigüedad y polisemia de los distintos conceptos. La dificultad de la teorización con respecto al particularismo y la generalidad del caso colombiano. Sin embargo, hay otros autores que prefieren utilizar metáforas para su tipificación. Por ejemplo, Pécaut40 emplea la frase “guerra contra la sociedad” para caracterizar el conflicto armado colombiano; en esta misma línea se encuentra Eric Lair41 definiendo el conflicto como una “guerra contra los civiles” y para recordar un actor histórico, también Pastrana Arango, usó una denominación cercana: “guerra contra la sociedad civil”.

Pécaut lo hace en contraposición de “guerra civil” por las siguientes razones. En primer lugar, no existen ejércitos regulares enfrentados y los protagonistas del conflicto son actores irregulares en contravía con el modelo de Clausewitz. En segundo lugar, los actores armados irregulares y sus motivaciones son cada vez menores frente a los problemas sociales y las reivindicaciones de poblaciones locales. En tercer lugar, los actores armados irregulares carecen de apoyo social y la mayoría de las víctimas del conflicto es la población civil. En cuarto lugar, los actores protagonistas son guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y bandas urbanas, que asedian a la sociedad por medio de la amenaza, la muerte, el desplazamiento, la violación de los derechos humanos, el secuestro, entre otros. En el mismo sentido y compartiendo con Pécaut, los fenómenos de violencia se deben estudiar según los contextos que la producen, porque las motivaciones varían en el tiempo; y porque a su vez las características y elementos de las guerras civiles permiten el entendimiento del conflicto armado colombiano en el período actual.

Lair, entre tanto, utiliza su frase para señalar la ruptura y cambios de los actores enfrentados, cuyas motivaciones y acciones varían con el tiempo. Indica que la mayoría de las víctimas del conflicto armado colombiano es población civil, un conflicto asociado a una economía de guerra; al uso de la violencia como el terror, las motivaciones e intereses de los actores armados, el control y violación de los derechos humanos de las poblaciones por ser el blanco privilegiado por estos.

Mientras que Pastrana Arango, durante su gobierno (1998-2002), utilizó el término de “guerra contra la sociedad civil”,42 inspirado en Pécaut, para señalar que no existe una guerra civil en el país por los métodos y acciones de los actores armados como el terrorismo, el narcotráfico como fuente de financiación y las conversaciones y procesos de paz fallidos durante su gobierno.

Recordemos parte de la coyuntura de ese momento. El presidente Pastrana Arango representaba una nueva esperanza de paz para los colombianos, reconoce la culpabilidad del Estado colombiano en el desarrollo histórico del conflicto, debido a su matiz de régimen excluyente y los pactos políticos como el del Frente Nacional; asimismo al estado de condición social reflejado en la desigualdad social, la falta de justicia social, la inequidad, lo excluyente del régimen, etcétera; pero también considerando como única causa y motor de la violencia el problema del narcotráfico. Lo anterior desemboca en el reconocimiento que hace el gobierno de las FARC-EP, como un enemigo real con un carácter político, que se convierte en un interlocutor válido para los diálogos de paz. Hay un discurso incluyente al reconocer al grupo como parte de la problemática de la Nación colombiana, borrando en cierta medida las fronteras entre amigos y enemigos. El reconocimiento del carácter político del grupo guerrillero se evidencia con la instalación de la mesa de diálogo y negociación, a pesar de la ausencia del fundador y jefe máximo “Manuel Marulanda Vélez”, en un área desmilitarizada de 42.139 kilómetros cuadrados que comprenden cinco municipios (San Vicente del Caguán, La Macarena, Uribe, Mesetas y Vista Hermosa), el 7 de enero de 1999. No transcurrió mucho tiempo para que el concepto en torno al grupo guerrillero, pasara a la denominación de “grupo terrorista”, con el nuevo orden internacional iniciado el 11 de septiembre de 2001.

2.4. Guerra contra el terrorismo

El calificativo de terroristas marca el tránsito definitivo de las guerrillas que dejan de ser un enemigo real, con quien es posible negociar, para pasar a ser un enemigo absoluto, que pierde todo grado de legitimidad por sus actos de barbarie contra la población civil y por lo cual dicho enemigo no solo es enemigo de la nación colombiana sino de todo el mundo. Los terroristas de las FARC se convirtieron en una amenaza contra la democracia y el pueblo colombiano. Había llegado el momento de enfrentarla y demostrar que era el fin del amedrentamiento. Fue la labor en un comienzo de Pastrana Arango y luego del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Recordemos que el 11 de septiembre de 2011, tras los ataques en Nueva York, Washington y Pennsylvania, los Estados Unidos lanzaron una ofensiva global de la lucha contra el terrorismo; que la Organización de las Naciones Unidades (ONU) en sus resoluciones, la inscribieron en un marco jurídico a través de resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad.43 Lo interesante aquí, es que en la arena internacional muchos Estados y gobiernos no tenían una definición clara y un marco jurídico legal sobre el terrorismo.

En tal sentido, Kreibohm,44 en un análisis teórico y práctico sobre la naturaleza del terrorismo, indica que durante el período 1931-1981 se dan 109 definiciones de terrorismo.45 Cancelado46 también corrobora su existencia en las legislaciones nacionales e internacionales. En cualquier caso, hay que señalar que las definiciones centrales de la lucha contra el terrorismo en la última década se dieron por el protagonismo militar y político de la North Atlantic Treaty Organization (NATO)47 y la invasión de los Estados Unidos a Afganistán e Irak.

Respecto a las definiciones de terrorismo, Kreibohm48 estudia el terrorismo como: “Una estrategia de relación política basada en el uso de la violencia y de las amenazas de violencia por un grupo organizado, con objeto de inducir un sentimiento de terror o inseguridad extrema en una colectividad humana no beligerante y facilitar así el logro de sus demandas”. A tiempo que señala a los actos terroristas como estrategias de violencia política con el objetivo de alterar la convivencia y la conducta social en la sociedad. Fenómeno muy frecuente en el caso colombiano, donde la violencia política de extrema derecha o izquierda ha sido causal de miedo y terror en la población civil. No por otra razón se explica el sinnúmero de masacres, atentados a la infraestructura nacional o transnacional, los secuestros, etcétera. Por eso, ya en el plano simbólico, analiza el terrorismo desde dos miradas: la primera se refiere a la difusión informativa en las masas que muestra el poder y la amenaza del terrorismo; la segunda, refuerza el apoyo e identidad de los grupos sociales que lo respaldan.49 Recordemos que el manual de doctrina y procedimiento de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, Field Manual 100-20 define al terrorismo como:

“El uso –o la amenaza del uso– ilegal de la fuerza o de la violencia contra individuos o propiedades para coaccionar o intimidar a gobiernos y sociedades; normalmente tiene propósitos políticos, religiosos o ideológicos. Implica el uso de la violencia para modificar conductas políticas, lo cual supone una preocupación militar primordial”.50

Definición, que sin el componente ideológico y político, que sustente a los grupos ilegales colombianos, podría entenderse a cabalidad.

En tal sentido, las acciones contra el terrorismo, retomando a Kreibohm51 generan por un lado “misiones preventivas y defensivas (antiterrorismo) dirigidas a detener los ataques terroristas y reducir la vulnerabilidad de sus objetivos; [y] por [otro] acciones ofensivas (contraterrorismo) encaminadas a atacar a grupos terroristas y castigar a los gobiernos que les presten apoyo, refugio o cualquier otro tipo de ayuda”. Una lógica que se implementó de modo frontal durante los dos gobiernos de Uribe Vélez (2002-2010), de modo particular contra las FARC, lo cual se enmarcó en la lucha global contra el terrorismo por parte de los Estados Unidos.

Pizarro,52 señala que no es fácil definir el concepto, pero basándose en Jessica Stern,53 diferencia el terrorismo de otras formas de violencia con las siguientes características: “tienen por objeto la población civil y buscan generar pánico entre los sectores de la población”. A partir de su clasificación y tipologías sobre el concepto podemos considerar que en nuestro caso realmente es un fenómeno de “terrorismo interno”, que en ciertos momentos, por las alianzas y descomposición de algunos sectores dentro de las instituciones legales, se convierte en “terrorismo de Estado”. Sin embargo, Pizarro54 elabora una tipología más amplia de los grupos terroristas con base en sus apoyos, intereses y motivaciones, que puede caracterizar nuestro caso. Por ejemplo, en la historia reciente se evidencian diversos tipos de terrorismo, desde el patrocinado por el Estado, el ideológico de extrema derecha o izquierda, hasta el terrorismo político-religioso y del crimen organizado. Todos ellos en campos de acción, motivaciones, intereses y apoyos bien definidos.

Es evidente que la polisemia y ambigüedad conceptual de tales términos también se repunta según el contexto histórico en que se desarrolla, cuando las circunstancias políticas y de Estado, como las dinámicas propias del área de las ciencias sociales, juegan un papel importante. Hemos visto así la complejidad teórica, en el momento de la interpretación, de las definiciones de conflicto armado, guerra civil, guerra contrainsurgente y terrorismo. Hasta aquí no hemos considerado el “estado generacional” del conflicto, si bien para algunos estudiosos puede tener 50 años o para otros 200. Es posible advertir, que antes de haber resuelto el conflicto con uno o varios actores protagonistas –paramilitares o guerrillas–, hace un buen tiempo entramos a una nueva modalidad de guerra.

Una “nueva guerra”, según Kaldor,55 donde la violencia es vista como fuente de empleo, control de recursos naturales, utilización de armas y terrorismo. Es una guerra irregular, donde no hay distinción de los bandos enfrentados y se justifica bajo una política de identificación étnica, religiosa o lingüística. A juzgar por los actos recientes de las denominadas “bandas criminales” o por las prácticas de los antiguos y nuevos grupos inmersos en el conflicto. Si bien, son grupos sin identidad reconocida, ante la opinión pública, pero que en su momento la tendrán para justificar y legitimar su guerra. Ya sabemos que el único objetivo es apoderarse del territorio, controlar los recursos naturales, rutas de comercio ilegal de drogas y armas, etcétera. En cualquier caso manifiestan prácticas de crimen organizado, terrorismo, prácticas insurgentes y contrainsurgentes, economías de guerra, y hasta pérdida de control del monopolio de la violencia por parte del Estado. Es válido preguntar si en los últimos años los actores principales del conflicto son los grupos insurgentes, paramilitares, criminales o el propio Estado. ¿Podría argumentar entonces que se trata de una guerra asimétrica?, donde los factores políticos y económicos son promovidos por los grupos al margen de la ley, en algunos casos, actores militares y políticos, dentro y desde el mismo Estado. Esta experiencia de guerra, para el caso colombiano, si bien hace mucho tiempo logró cierta privatización de los combatientes, no siempre distingue a los actores de la confrontación, la relación global y local, e incluso su internacionalización. Por fortuna el aislamiento geopolítico tradicional ha sido la muralla natural que no permite extenderlo, pero tampoco solucionarlo.

Por lo anterior, este tipo de conflicto que viven los colombianos se prolonga en el tiempo; del mismo modo como concluye Munkler,56 porque sus actores son beneficiados por una economía de guerra e intereses particulares. Resultan entonces las siguientes preguntas: ¿Beneficia la economía de guerra a los distintos actores, en especial el tráfico de armas, narcotráfico o apropiación de recursos naturales? O, ¿es posible encontrar el camino definitivo de la paz?

3. Caminos para la paz y justicia

La historia del conflicto y las guerras civiles en el caso colombiano son parte de un legado propio de su conformación como nación. Tener cifras exactas sobre su número y solución en doscientos años de vida republicana es aventurado. Recordemos solo un dato: ocho guerras civiles nacionales del siglo XIX, estudiadas por González,57 a partir de 1830, sin contar las decenas de conflictos locales o interregionales y las gestas independentistas. También las cifras especulativas de las más de 100 mil muertes de la Guerra de los Mil Días;58 las 200 mil de la época de la Violencia bipartidista y los 2 millones de “refugiados políticos” –como se les conoció entre 1946 y 1957;59 o las cifras más rigurosas de 220 mil muertes para referirse a los años de conflicto desde 1958 hasta 2012, los 5,7 millones de víctimas de desplazamiento forzado y más de 25.000 desaparecidos entre 1985 y 2012, y los casi 30.000 secuestrados entre 1970 y 2010.60 En cualquier caso también han existido diversos caminos para la paz entre los actores armados. Recordemos el fin de la Guerra de los Mil Días con los tratados de Neerlandia, Wisconsin y Chinácota (1902) o el acuerdo bipartidista con el cual se crea el Frente Nacional para mencionar los más importantes en el siglo XX. Fueron acuerdos que marcaron el cierre simbólico de un ciclo de violencia o el inicio de un período de paz, pero que evidenció algún grupo de inconformes excluidos, disidentes o contrainsurgentes. En nuestro caso, el ejemplo más fresco lo constituyen las organizaciones guerrilleras como las FARC, el ELN, y el M-19 durante el pacto político del Frente Nacional (1958-1974). No por otra razón se ha considerado que una solución al conflicto armado es de carácter político. Es por eso que la transición de la guerra a la paz es compleja y difícil de entender por una sociedad víctima en el tiempo de un conflicto armado o de la política de las armas. Sin embargo, hacer mediciones sobre el logro de la paz, es siempre complicado.

El Global Peace Index (GPI), cuyo objetivo es medir la paz por países con una metodología cuantitativa, la define en los términos de Johan Galtung, como la ausencia de violencia y asociado a las instituciones con la función de mantener la paz y los atributos culturales. Su metodología agrupa indicadores en tres medidas relacionadas con: 1) El Conflicto internacional o nacional actual; 2) La Seguridad y protección de la sociedad: y 3) La Militarización. Respecto de la primera –conflictos– deben determinarse su número en un período de tiempo delimitado, muertes (externas e internas), nivel de organización del conflicto y relación con países vecinos. En cambio sobre la segunda –seguridad– se tienen en cuenta percepciones de criminalidad, número de refugiados y desplazados, inestabilidad política, terrorismo político, potencial de los actos terroristas, homicidios, nivel de delitos violentos, probabilidad de manifestaciones violentas, población encarcelada, y número de oficiales y policía de seguridad. En cambio, para medir las factores sobre “militarización” se tiene en cuenta aspectos tales como el gasto militar, total de personas en servicio, volumen de importación de armas convencionales, apoyo para las misiones de paz de las Organizaciones de Naciones Unidas (ONU), deudas, presupuesto para el mantenimiento de las misiones de paz, total de armas pesadas, acceso a armas ligeras y pequeñas, y capacidad militar. Varios de los anteriores factores son medidos por cada 100 mil habitantes.61

Según los indicadores del GPI en el 2013, el caso colombiano ocupa el puesto 147 entre 162, como uno de los países menos pacíficos. El promedio del factor “conflictos” es de 3.2/5.0, el de la “seguridad y sociedad” es de 4.0/5.0, y el de la “militarización” es de 1.9/5.0. El índice permite señalar que la violencia actual colombiana está relacionada con los factores de tasas de homicidios, criminalidad, acceso a las armas, conflicto interno, crímenes violentos y políticas terroristas.62

En tal sentido referirnos a un país pacífico implica tener una concepción política orientada a la estabilidad de una paz integral y duradera, así como a la estabilidad del régimen. Es cierto que los diversos conflictos en los regímenes y sistemas políticos contemporáneos tienen una transición que no opera bajo el sistema formal de justicia porque busca la paz, la reconciliación y la no repetición de los hechos ocurridos durante el período de conflicto. Es por ello que no nos centraremos en aclarar el concepto de paz, por el contrario lo que mostraremos es la diferencia entre los “conceptos de justicia transicional” y “justicia restaurativa”.

3.1. Justicia transicional y restaurativa

La “justicia transicional” tiene como objetivo la solución de un conflicto, pasar de la guerra a la paz o de la dictadura a la democracia. Sin embargo, la justicia transicional tiene unos requisitos básicos para su aplicación: equilibrio entre justicia y paz, exigencia de la comunidad internacional sobre crímenes atroces, verdad, justicia y reparación, derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario; aunque su esencia es lograr la paz sin impunidad.63 Por otro lado, se encuentra la “justicia restaurativa” bajo un esquema de diálogo-comunicación y reconciliación entre víctima-victimario; atención a la víctima y reincorporación del victimario. Visto de ese modo, la justicia restaurativa busca la paz a costa del perdón sin tener en cuenta los actos del victimario para castigarlo y juzgarlo.

Según Uprimny,64 “los procesos de justicia transicional buscan, ordinariamente, llevar a cabo una transformación radical del orden social y político de un país, bien para reemplazar un estado de guerra civil por un orden social pacífico, bien para pasar de una dictadura a un orden político democrático”. De esta manera, señala la importancia de la justicia transicional para los procesos de paz y negociación con actores armados; así mismo de las tensiones que se presentan entre justicia, paz, perdón y reparación durante dicho proceso.

Los procesos transicionales adoptan diferentes fórmulas según su contenido. Los que tienen ciertas características básicas ofrecen perdones “amnésicos” generales, que no contemplan estrategias para el esclarecimiento de la verdad o para la reparación de las víctimas. También hay casos con perdones “compensadores”, que incluyen amnistías generales, acompañadas de la implementación de comisiones de verdad y de algunas medidas de reparación de las víctimas. Hay otros casos con perdones “responsabilizantes”, que establecen una comisión de verdad, la exigencia de la confesión total de los crímenes atroces, la previsión de ciertas reparaciones y el otorgamiento de perdones individuales condicionados por algunos crímenes. En los casos que hay transiciones punitivas, se establecen tribunales ad hoc para castigar a los responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad. En los tipos de transición también existe una lógica subyacente, que va desde facilitar las negociaciones entre los actores y la reconciliación nacional a través del olvido; o compensar el perdón otorgado a los responsables con medidas de recuperación de la verdad histórica y de reparación de las víctimas; o los casos en que se logra un equilibrio entre las exigencias de justicia y persona, que haga posible la transición y la reconciliación intentando en todo caso individualizar; hasta solo por medio del castigo de los responsables erigir un orden democrático nuevo, fundado en el respeto de los derechos humanos.65

Lo evidente de los distintos tipos de procesos de justicia transicional, es la existencia de tensiones entre justicia y paz, debido a los cuestionamientos políticos y éticos de la sociedad que busca su camino para la paz. Uprimny propone, respecto del caso colombiano, su conflicto y proceso de justicia transicional (Ley 975 de 2005),66 la adopción de perdones responsabilizantes por la naturaleza de nuestro conflicto, que incluya una comisión de verdad, la confesión total de los crímenes atroces, la previsión de reparaciones, y el otorgamiento de perdones individuales, para de este modo lograr un equilibrio entre justicia y perdón, que haga posible la transición y la reconciliación. Recordemos que Colombia ha tenido “perdones amnésicos” en el pasado a partir de amnistías generales que contemplaron ciertas estrategias para el establecimiento de la verdad y facilitar el olvido a través de las negociaciones entre los actores y la reconciliación nacional. Hay que señalar que desde el gobierno de Turbay Ayala (1978-1982) hasta el (primero de los dos gobiernos) de Uribe Vélez (2002-2006), el Gobierno nacional ha expedido 9 leyes (37 de 1981, 35 de 1982, 49 de 1985, 77 de 1989, 104 de 1993, 241 de 1995, 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002), 6 decretos (474 de 1982, 206 de 1990, 213 de 1991, 1943 de 1991, 128 de 2003, 2767 de 2004); además de los artículos 150 y 201, el Artículo 30 de la Constitución Política de 1991, con los cuales definieron las facultades del Ejecutivo y el Legislativo para conceder indultos y amnistías.67 Todos orientados a diversos grupos y organizaciones guerrilleras y paramilitares de la historia reciente, y que en gran parte se limitan a amnistías e indultos, traducidos en olvidos o perdones totales o parciales, revisiones de penas por “delitos políticos y conexos”, acuerdos de paz con el M-19, Comandos “Ernesto Rojas”, CRS, Milicias Urbanas de Medellín, el Frente Francisco Garnica de la Coordinadora Guerrillera, el MIR-COAR, y beneficios jurídicos a grupos de autodefensa, desmovilizados y reincorporados.

Lo anterior se puede ubicar en un análisis socio-jurídico comparado en función de establecer los diversos tipos de justicia transicional. Por ejemplo, la “justicia impuesta”, cuyas características son la imposición de la justicia por un soberano o la parte victoriosa en el conflicto. Existen los casos de las denominadas “autoamnistías”, cuando los victimarios se otorgan a sí mismos amnistías, como condición para permitir la transición. También está la justicia con perdones “recíprocos”, cuando los actores armados del conflicto se concedieron perdón recíprocamente, como consecuencia de un acuerdo de paz logrado entre ellos. Y las transiciones democráticamente legitimadas, cuando la transición se logra a través de negociaciones de paz entre los actores armados, con discusiones sociales amplias e incluso utilizando ciertas formas de consulta a la ciudadanía. Cada una de ellas tiene una lógica subyacente que va desde castigar unilateralmente a los infractores de derechos humanos e imponer un nuevo orden democrático fundado en su respeto; o dejar impunes los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por los victimarios, a fin de que estos permitan que la transición a la democracia tenga lugar; o cuando los victimarios y las víctimas se conceden el perdón a cambio de ser perdonados, por ambos en pro de la reconciliación nacional; o cuando la lógica es garantizar la participación activa de la sociedad civil en general, y de las víctimas en particular en el proceso transicional a fin de dotar el proceso de legitimidad democrática.68

Posiblemente el procedimiento ideal para al caso colombiano deba ser de un tipo de transición democráticamente legitimada, con participación de la sociedad civil y las víctimas, logrando respaldo en organizaciones internacionales (ONU, CIDH) y de la sociedad en la formulación e implementación de la justicia transicional. En este orden, Uprimny hace una comparación entre las formas de transición adoptadas, una impuesta por el ganador de la guerra y otra, por un proceso de negociación y diálogo. En cualquier caso las formas de transición pueden ser pactadas o impuestas. Asimismo, la forma de victimización previa, ya sea resultado de una guerra civil (horizontal) o la producida por una dictadura (vertical).69

De esta manera, los procesos de justicia transicional en la perspectiva analítica y reflexiva tienen sus fórmulas, procedimientos y formas para ser adoptados en cualquier proceso (de una guerra a la paz o de la dictadura a la democracia); con una propuesta de legitimidad democrática en un proceso de respeto y defensa de los derechos humanos, la justicia y las exigencias internacionales asociado al Derecho Internacional Público (Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Penal Internacional).70

Conjeturas finales

Hemos ofrecido diferentes caracterizaciones y perspectivas de análisis para la tipificación y comprensión de la guerra y la paz, pero focalizando la reflexión al caso colombiano. Desde la perspectiva de la guerra, otras denominaciones como “guerra civil”, “guerra contrainsurgente” y “guerra nueva” ayudaron a comprender el entramado y dinámica del conflicto puesto en la escena de su propia historicidad y también de un orden internacional. Y, desde la perspectiva de la paz, la exposición de las experiencias de indultos y perdones, que necesariamente por las características del conflicto actual lleva a considerar la problemática y las vías de construcción de los marcos de justicia y paz.

De igual modo, hemos brindado ciertas características para estimular la reflexión y comprensión sobre el conflicto armado colombiano, pero en función de ciertas preguntas. ¿Qué clase de guerra existe en Colombia?, y ¿Qué alternativas de paz y justicia podemos tener? No queda duda, que a luz de los procesos recientes, hemos pasado de una guerra civil bipartidista a otra contrainsurgente, y de una experiencia de guerra contrainsurgente a otra antiterrorista, que deja un escenario para una “guerra nueva”, donde los paradigmas políticos que prevalencian en el pasado no guían su motivación y solución. La sociedad colombiana ha experimentado que las políticas de diálogo por la paz, de modo unilateral, no reflejan un resultado contundente. La exclusión política, característica omnisciente del sistema político colombiano, se aplica también a los distintos actores, sin que realmente las soluciones a los problemas estructurales se vean reflejadas en políticas de Estado de largo alcance. La lucha por la pobreza, el desarrollo y la exclusión política son parte del fenómeno. Es la razón que explica la de desesperanza sobre estas iniciativas de paz en la sociedad colombiana.

Finalmente, las experiencias de solución legal de los últimos gobiernos siempre estuvieron atadas al perdón, el olvido y los beneficios a los actores involucrados en el conflicto. Poco o nada se tuvieron en cuenta a las víctimas del conflicto, excepto para crear un escalofriante rosario de datos, que sensibilice a la sociedad de la envergadura del problema y su solución. Pensamos que el conflicto no será resuelto de modo integral, como debe ser, por el contrario hará metástasis con otros conceptos, otras políticas, otros contextos y circunstancias de orden nacional e internacional. Y, que las viejas banderas y reivindicaciones serán tomadas por otros actores, díscolos, detractores, excluidos o traicionados por las partes que acordaron una alternativa de solución. Y, porque lo que estará siempre en el juego de la disputa de una sociedad es su futuro. Un pueblo sin propuestas que orienten y garanticen su futuro, siempre estará al vaivén de los alzados en armas y los políticos sin visión de lo que está por venir. La historia de un conflicto sin fin es la historia del pueblo colombiano, puesto que la perdurabilidad de los insurgentes y contrainsurgentes es su principal característica. Si bien, todo indica que el arma fundamental para combatirlas es el buen gobierno. Es entonces válido finalizar con una de nuestras preguntas ya expuestas y que no se responde en este artículo: ¿A quiénes interesa que la guerra se perpetúe con el tiempo?

Notas al pie de página