Temporalidad, sociabilidad y democracia (Colombia y su siglo XIX)

Temporalidad, sociabilidad y democracia (Colombia y su siglo XIX)

Gilberto Loaiza Cano*

* Profesor titular del departamento de Historia, Universidad del Valle (Colombia). Correo electrónico: loaizacanogilberto@hotmail.com. El autor es licenciado en Filología, magíster en Historia de la Universidad Nacional (Colombia) y doctor en Sociología del Instituto de Altos Estudios de América Latina (IHEAL), París III (Francia). En la actualidad es jefe del departamento de Historia de la Universidad del Valle (Colombia). Entre sus publicaciones recientes tenemos: “Las primeras constituciones de Colombia (1811-1821)”, en revista Historia y Espacio No. 42 (2014) y “Poder letrado. Ensayos sobre historia intelectual de Colombia, siglos XIX y XX” (Cali: Universidad del Valle, 2014). Fue Premio Ciencias Sociales y Humanas de la Fundación Ángel Escobar (2012). Sus líneas de investigación son: historia intelectual de Colombia, siglos XIX y XX, historia del Estado en Colombia.

Recibido: 21 de noviembre de 2014
Aprobado: 22 de octubre de 2015
Modificado: 4 de noviembre de 2015
Artículo de investigación científica

DOI: http://dx.doi.org/10.15648/hc.28.2016.7

Temporalidad, sociabilidad y democracia (Colombia y su siglo XIX)

Resumen

Este artículo, apoyado en fuentes primarias y en una historiografía sobre el tema, plantea que la sociabilidad, en Colombia, debe entenderse dentro de los procesos históricos de la democracia representativa y de la cultura letrada. En consecuencia, la sociabilidad es un fenómeno colectivo relacionado con la historia de la opinión pública, con las mutaciones en la vida pública, con la presencia de un personal político muy variado. Finalmente, el ensayo examina lo que puede ser el horizonte de futuras investigaciones sobre la sociabilidad en Colombia.

Palabras clave: sociabilidad, temporalidad, democracia representativa, opinión pública, cultura letrada.

Temporality, sociability and democracy (Colombia and its 19th century)

Abstract

This article, supported on primary sources and a historiography on the subject, suggests that sociability, in Colombia, must be understood within the historical processes of representative democracy and the literate culture. Consequently, sociability is a collective phenomenon related to the history of public opinion, with mutations in public life, with the presence of very diverse political staff. Finally, this paper examines what may be the horizon of future research on sociability in Colombia.

Key words: sociability, temporality, representative democracy, public opinion, literate culture.

Temporalidade, sociabilidade e democracia (Colômbia e o século XIX)

Resumo

Este artigo, apoiado em fontes primárias e em uma historiografia sobre o assunto, propõe que a sociabilidade na Colômbia deve entender-se dentro dos processos históricos da democracia representativa e da cultura letrada. Consequentemente, a sociabilidade é um fenômeno coletivo relacionado com a história da opinião pública, com as mutações na vida pública, com a presença de uma equipe política muito variada. Finalmente, o ensaio examina o que pode ser o horizonte de investigações futuras sobre a sociabilidade na Colômbia.

Palavras chave: sociabilidade, temporalidade, democracia representativa, opinião pública, cultura letrada.

Temporalité, sociabilité et Démocratie (La Colombie et le XIX siècle)

Résumé

Cet article, fondé sur des informations primaires et sur une historiographie sur le sujet, manifeste que la sociabilité en Colombie doit s’entendre à l’intérieur des processus historiques de la démocratie représentative et de la culture érudite. En conséquence, la sociabilité est un phénomène collectif mis en relation avec l’histoire de l’opinion publique, avec les mutations dans la vie publique, avec la présence d’un personnel politique très varié. Finalement, cet essai examine ce qui peut être l’horizon de futures recherches sur la sociabilité en Colombie.

Mots clés: temporalité, sociabilité, démocratie représentative, opinion publique, culture erudite.

Introducción

Este es un ensayo de discusión y balance de unas categorías básicas de la historiografía política contemporánea, principalmente de aquella conocida como sociabilidad. La discusión que alienta y el balance que contiene están sustentados en investigaciones sobre el fenómeno asociativo en Colombia, y parte de admitir que los estudios sobre sociabilidad en el ámbito historiográfico colombiano son, todavía, muy incipientes. No se trata de cumplir con el aburrido protocolo de hacer listados bibliográficos que son, hoy, más o menos conocidos sobre el tema; se trata, mejor, de sugerir unas premisas de comprensión de los estudios sobre sociabilidad y de sus evidentes vínculos con la historia social de lo político, la historia intelectual, la historia de la opinión pública, la historia de la democracia, principalmente.

Aquí se propone debatir varios asuntos. El primero, en apariencia muy preliminar, es el discernimiento sobre tres gruesas líneas temporales que inciden no solamente en la comprensión histórica de las prácticas asociativas dentro de los regímenes de democracia representativa, sino además en eso que hemos estado acostumbrados a llamar, al menos en la historiografía colombiana, como siglo XIX. Más bien, la propuesta plasmada en este ensayo, es que la historia de la sociabilidad en Colombia (y muchas otras historias de otros tantos problemas) está inscrita y se vuelve comprensible en los registros temporales de la hegemonía religiosa católica, de la instauración y evolución (con sus perversiones inherentes) de la democracia representativa, y del predominio en el espacio público de la cultura letrada. Puede ser, incluso, que algo de esas premisas temporales sean válidas para los países latinoamericanos.

El nudo de este ensayo consistió en intentar demostrar que la sociabilidad ha sido un recurso de grupos organizados de individuos para competir en el espacio público regulado por los principios de la democracia representativa; que es, además, instrumento e indicio de una presencia multiforme de un personal político abigarrado, cambiante y elástico, algo que obliga a plantear de otro modo las ideas acerca del poder político. Y, finalmente, que ha habido un enlace orgánico entre asociación y opinión, entre individuos asociados e individuos capacitados para ejercer opinión. Lo cual, en consecuencia, significa que la vida asociativa ha expresado el predominio de elementos propios de una cultura letrada.

Buena parte de este ensayo estuvo consagrado a tales demostraciones. Luego, para terminar, hemos querido dejar abierto el panorama de todo lo que está por hacerse en los estudios sobre sociabilidad en Colombia. Aunque hay contribuciones valiosas, siguen siendo parte de una situación historiográfica incipiente. Las preguntas que sugerimos en ese último tramo del escrito pueden orientar indagaciones por venir.

1. Temporalidad y sociabilidad

Los historiadores intentamos entender el pasado y hacerlo inteligible para los demás. Para tratar de entenderlo, acudimos a algunos mecanismos de defensa o de protección ante el alud muchas veces agobiante de datos y hechos. Organizar ese pasado corresponde, por supuesto, a un juego interesado de representación. Nos pueden importar más ciertos vestigios, ciertos datos, ciertos nombres, ciertos hechos; podemos y queremos despreciar otros o, simplemente, no los vemos porque teníamos los ojos puestos en otra parte. En fin, uno de esos mecanismos a los que acude el historiador es la definición, muy tentativa a veces, de temporalidades; definir temporalidades es una búsqueda de orientación, es una manera de diseccionar el tiempo en trozos o categorías de contenido histórico que entrañan alguna coherencia interna y una conexión explicable con otras partes que preceden o suceden1. Hay que admitir, por tanto, que la temporalidad es una subjetivación del acontecer histórico; es un sometimiento a juicios subjetivos de los hechos del pasado con algún principio –y también con un fin– de inteligibilidad. Temporalizar el devenir histórico es someterlo a umbrales de tiempo que nosotros, en el ahora, dotamos de alguna significación. Eso es algo que, claro, tiene sus consecuencias: poner de relieve unos hechos sobre otros, establecer relaciones relativamente nuevas entre hechos. Una consecuencia más, quizás muy importante para la comunidad historiográfica, es realizar nuevos trazos en el tiempo de tal modo que antiguos trazos terminan siendo cuestionados y la orientación colectiva en el pasado queda expuesta a varios registros interpretativos con los cuales, de entrada, hay que instaurar alguna discusión y llegar, o no, a algún acuerdo.

He dicho lo anterior porque intentaré comenzar por lo que considero el principio necesario para esta reflexión sobre la sociabilidad en la Colombia del siglo XIX. Ese principio son unas premisas sobre la temporalidad en que vamos a pretender situarnos. ¿Cuáles son, a mi modo de ver, las líneas temporales con las que los historiadores colombianos deberíamos orientamos así sea de manera preliminar? Yo concibo por lo menos tres líneas histórico-temporales que nos atañen como premisas por ser largas y abarcadoras; tres líneas gruesas que encierran el devenir de las sociedades hispanoamericanas.

1.1. La primera temporalidad: el sistema de creencias religioso-católico. La más amplia y abarcadora, también la más pesada e inamovible, es el sistema de creencias impuesto en el continente americano desde la llegada del imperio español con su espada y su cruz. Un historiador muy autorizado lo dijo mejor, hay dos grandes estructuras temporales difíciles de remover de una sociedad: la religión y la lengua2. Así es, la religión católica y la lengua castellana son esas dos grandes estructuras dominantes que constituyen el oscuro manto que nos abriga o asedia desde hace cinco centurias. Según ese sistema de lengua, cuyo cerco no podemos evadir, nos hemos estado comunicando en los más diversos registros; conforme el sistema de creencias del catolicismo nos hemos reproducido como sociedad. En el uno y el otro los baches o fracturas han sido apenas desvíos, heterodoxias, disidencias minoritarias que sirven, entre otras cosas, para confirmar su peso dominante. Ningún estudio histórico, no importa el enfoque o el ámbito escogido, puede ignorar categorías temporales tan abarcadoras, tan permanentes, tan fijas. Querámoslo o no, las sociedades latinoamericanas han evolucionado en sus sentimientos, en sus concepciones de la vida, en sus ideas o ideales teniendo encima y detrás esa fuerza inercial de un sistema de creencias que, en lo fundamental, nos ha impregnado y que reproducimos consciente o inconscientemente.

Recordar la persistencia dominante de ese sistema de creencias nos permite situarnos como seres humanos resultantes de un proceso uniformador y expansivo que se gestó desde el siglo XVI y que implicó la destrucción de civilizaciones y culturas milenarias por la imposición de otra asociada con la expansión de un sistema económico mundial, con un sistema de creencias, con la imposición lingüística y religiosa del imperio que ocupó el territorio y dominó violentamente las poblaciones que existían desde antes de 1492. Somos, pues, resultante de un movimiento expansivo que incluyó esta parte del orbe en el proyecto civilizador del Occidente cristiano; somos resultante de una imposición cultural, del arraigo de un sistema de creencias que se quedó y se multiplicó hasta casi convertirse en algo inherente a las sociedades del subcontinente hispanoamericano. Cualquier investigación histórica, en diferente sentido, no puede escapar de esta determinante tan larga y pesada.

1.2. La segunda temporalidad: el principio de la representación política. Esta temporalidad es menos larga que la anterior, tiene una datación más próxima pero desde su entronización ha sido el fundamento de lo que hasta hoy conocemos como las repúblicas latinoamericanas. Desde la revolución de independencia, desde la separación de la dominación española hubo una traslación importante, y políticamente revolucionaria, del principio de soberanía. La revolución de independencia dio paso a otras coordenadas de organización política, a otros criterios de autoridad, a otras concepciones y prácticas de la libertad, la igualdad y la justicia. Entonces nos hemos ido situando en el ámbito de las reglas de juego del sistema de democracia representativa. Con todos sus defectos e iniquidades, con todo lo insatisfactorio que puede ser, ese sistema ha venido siendo el principio regulador de nuestras relaciones entre individuos, la premisa y el punto de llegada de numerosos conflictos. Sostenido principalmente en un cuestionable pero regular, persistente y despiadado procedimiento electoral, la democracia representativa ha sido adoptada entre nosotros como la práctica reguladora de la vida pública, como si se tratara del sistema menos engañoso de organización de nuestras relaciones en sociedad. Insistamos, desde 1810 hemos estado inmersos en la lógica de funcionamiento de un sistema representativo con todas sus perversiones, degradaciones y decepciones.

Aquí estamos, por tanto, ante otra gran estructura temporal que ha adquirido fijeza, con la cual hemos ido definiendo nuestro proceso colectivo de existencia. La representación es un mecanismo expandido en formas organizativas de la sociedad a cualquier nivel, en diferente intensidad. Hemos sido usuarios cotidianos del sistema representativo e, incluso, quienes se han colocado por fuera o en contra de ese sistema han tenido algún tipo de relación, algún tipo de diálogo o de aproximación con ese sistema político. No lo perdamos de vista, son más o menos doscientos años de vida pública en esas coordenadas de la organización política.

1.3. La tercera temporalidad: el predominio de la cultura letrada. Esta última, más corta que las anteriores y quizás más específica del devenir histórico de Colombia, arranca con la instauración del sistema político representativo pero se agota en el umbral de la modernidad que se instala entre los decenios de 1920 y 1950. Se trata de una línea temporal signada por la hegemonía cultural y política de los agentes letrados, colocados desde la instauración del sistema político representativo en la cúspide del orden. El político letrado es en gran medida la prolongación del criollo letrado, del individuo iluminado por la razón que supo autoproclamarse como el agente social mejor capacitado para las tareas de gobierno y usufructuó de inmediato los beneficios de la democracia representativa. Las recientes innovaciones de la historiografía colombiana coinciden, en últimas, en reconocer el peso de la cultura letrada en la fundación del sistema democrático representativo3. Si hay algo que merezca el adjetivo de revolucionario es el proceso de elevación del criollo letrado a las posiciones tutelares de la sociedad, en nombre de la razón y la ciencia; proceso que logró legitimación política en la lógica de la representación. El hombre de luces y de letras supo exhibirse como el individuo mejor capacitado para las tareas de gobierno y la crisis monárquica fue la oportunidad para anunciar las virtudes ordenadoras del sistema representativo que lo colocaba en la cúspide. Tanto en su variante laica como confesional, el individuo letrado participó del diseño de las primeras constituciones políticas y exaltó las virtudes del legislador, conocedor de las leyes; en apariencia, lo suficientemente sabio y neutro para crear las premisas de un nuevo orden político4.

Es indudable que las revoluciones de independencia en los antiguos dominios del imperio español en América movilizaron grupos sociales que hallaron en aquel proceso una oportunidad inmejorable para ocupar un lugar privilegiado en la tentativa de organizar y discutir las premisas de un nuevo orden. Ese nuevo orden político fue diseñado, primordialmente, en todos esos lugares, por individuos que reunían antecedentes y capacidades para redactar constituciones políticas, para legislar en nombre del pueblo, para ejercer una labor publicitaria casi permanente mediante la expansión de documentos impresos, principalmente los periódicos. Esas revoluciones fueron, en definitiva, un hecho político e intelectual que los historiadores contemporáneos apenas ahora estamos dilucidando con alguna exhaustividad5.

Ahora bien, urge precisar en este ensayo la estructura temporal que concierne, en el caso colombiano, al predominio de esa cultura letrada instaurada desde los estertores del proceso de independencia. Mientras esa cultura letrada haya sido la matriz reguladora y ordenadora del sistema político, mientras haya tenido preeminencia en el espacio público de opinión, y haya sido la principal y a veces exclusiva productora de todas las formas discursivas del orden, podemos hablar de una unidad temporal con una personalidad histórica más o menos bien definida. Esa cultura letrada sustentó su expansión hegemónica mediante el control de la producción, la circulación y el consumo de impresos; su existencia como prominente agente social de la política tuvo correlato en la multiplicación de talleres de imprenta, librerías, asociaciones de diverso tipo que dotaron de consistencia a un personal político y letrado; hombres de palabra y de tribuna, también dispuestos al uso de las armas en los recurrentes episodios bélicos, fueron los individuos que dominaron el espacio de discusión pública acerca de los elementos constitutivos del orden republicano; ellos redactaron constituciones, manuales de ciudadanía, y de buenas maneras, tratados de psicología y filosofía, fundamentos de ciencia administrativa, informes geográficos, textos escolares, manuales de gramática, mapas, escuelas, periódicos y un largo etcétera. Todas esas modalidades de la prosa que exhibían la búsqueda, muchas veces infructuosa, de una armonía política y social, de ideales de vida en común.

En tanto la cultura letrada haya sido el elemento fundamental de constitución del campo político, difusión de ideas, construcción del espacio público de opinión, estamos ante una unidad histórica. Mientras el taller de imprenta, el periódico y el libro hayan sido los medios de expansión hegemónica más relevantes, estamos ante una etapa bien definida dentro del sistema político republicano. Es un momento histórico definido, en muy buena medida, por su condición discursiva, por el modo predominante de enunciación de la política; esta transcurrió, principalmente, según los cánones del personal letrado; la comunidad política se asemejó a la metáfora de la ciudad letrada que hace buen tiempo intentó desentrañar Ángel Rama. La pertenencia a la comunidad política estuvo signada por los principios reguladores del circuito letrado; poder leer y escribir o, mejor, participar de alguna modalidad de lectura y de escritura, aun en aquellas personas consideradas analfabetas, fue premisa para su presencia, episódica o sistemática, en la vida pública. No se nos ocurre decir que la política era asunto de buenos modales gramaticales o de refinadas disquisiciones filosóficas sobre el mejor de los mundos posibles, las guerras civiles, los levantamientos y las asonadas, muy frecuentes, revelan un espacio público muy desapacible y volátil. Pero, eso sí, hasta el más rústico y episódico individuo que haya hecho presencia, armada o desarmada, tuvo algún tipo de contacto con la expresión letrada de la política: el conocimiento o la discusión de una ley, la lectura en voz alta del llamamiento de un caudillo, la búsqueda de un intermediario letrado para redactar una representación. Aún más claro el asunto: los principales agentes sociales de la política, en este periodo de la historia republicana que tratamos de definir, se caracterizaron por algún grado de dominio de la cultura letrada y fue ese grado de dominio que les permitió situarse en algún sitio influyente de la discusión pública permanente, en algún lugar de la polis. El sacerdote católico, el maestro de escuela, el artesano autodidacta, la mujer tendera, el abogado pueblerino, el político profesional, el funcionario del Estado, el impresor, el encuadernador y repartidor, todos ellos de algún modo, participaron de la cultura letrada y con los dispositivos de esa cultura incidieron en las jornadas electorales, en la vida asociativa, en la formación de facciones; ellos sirvieron circunstancialmente de intermediarios entre el mundo letrado y no letrado, pusieron en relación el Estado con la nación, comunicaron la vida aldeana con la “gran política”.

En fin, hubo en la historia del sistema político republicano un largo momento de predominio de la cultura letrada que comenzó a erosionarse con la relativización del universo de los impresos; con la aparición de otras formas de comunicación cotidiana que fueron desplazando el tradicional mecanismo; la expansión de la telegrafía, la llegada del cine y de la radio, más tarde la televisión, fueron hechos que anunciaron la transición a una forma nueva de discusión política permanente, con otros ritmos, con otras repercusiones y, quizás lo más importante, con otros agentes sociales. El político letrado tradicional, atado a la matriz ilustrada desde los inicios republicanos, comenzó a sentirse apocado ante la entronización del misionero económico, ante la afirmación institucional de las Ciencias Sociales y la inmediatez de la noticia leída en la radio o vista en la televisión.

Para quienes hemos estado acostumbrados a hablar de manera muy genérica, y por tanto difusa, de siglos XIX y XX, nos hallamos ante una situación más matizada con unos linderos temporales dignos de estabilizarse en otras coordenadas. Lo que solíamos llamar siglo XIX es esa línea temporal de la primera gran etapa del sistema político representativo, signada por la presencia dominante de la cultura letrada que se encarnó en el político profesional. Esa etapa se sostuvo, con altibajos y zigzagueos, desde 1810 hasta por lo menos el decenio de 1920. Entre las décadas de 1920 y 1950 tenemos una zona tensa de transición moderna que llevó a la sociedad colombiana al cercano y traumático siglo XX colombiano. Entendemos que acabamos de decir algo que merece debate, eso será después en otra parte porque no podemos distraernos del propósito original de este ensayo.

2. Sociabilidad en el proceso histórico de la democracia representativa

A partir de 1810 fueron varias las discusiones inherentes a la organización de un nuevo orden político, que dotaron de personalidad histórica al largo tramo temporal que acabamos de describir. Las más relevantes por su obstinada presencia en el debate público, por haber sido promotoras de nuevos agentes e instrumentos políticos fueron las siguientes:

Uno, la definición del lugar del pueblo en el nuevo orden. Fue, inicialmente, el principio abstracto que le dio fuerza legitimadora al sistema democrático representativo. En el pueblo residió todo el poder simbólico en la instauración del nuevo orden; pero el pueblo como población, como comunidad de individuos fue difícilmente incorporado al campo político. Los primeros publicistas políticos, hasta por lo menos la guerra civil de Los Supremos (1839-1842), se dedicaron a argumentar a favor de una soberanía racional, en desmedro de la soberanía popular; ese fue el caso, por ejemplo, de Vicente Azuero y su tesis de la “democracia ficticia” o “gobierno popular representativo” difundida especialmente en sus artículos de La Indicación (1822)6. Después de esa guerra, otros escritores siguieron exaltando las virtudes de una capa selecta e ilustrada para cumplir funciones tutelares. Algunos ensayos de Manuel Ancízar y José María Samper, hicieron notar que la soberanía de las capacidades era un principio ordenador de la política mucho más eficiente que aquel que invocaba al pueblo como depositario fundamental de la legitimidad política7. Sin embargo, la irrupción política de las gentes del pueblo fue inevitable y se volvió, sobre todo desde las movilizaciones asociativas de mitad de siglo, en elemento determinante de la democratización de la vida pública. La tensión entre una élite de política y la cultura y sectores populares que fueron adquiriendo alguna experiencia en los asuntos públicos fue una fuente de conflictos, negociaciones, alianzas esporádicas que contribuyeron, de todos modos a la ampliación del campo político.

Dos, la definición político-administrativa del control sobre la población y el territorio. La discusión en torno a una organización centralista o federalista, los continuos cambios de denominación del país, las mutaciones en la división administrativa de las partes del territorio testimonian la dificultad para erigir un Estado capaz de ejercer control sobre la población y el territorio. La Comisión corográfica intentó producir, científicamente, las bases de la división interna del territorio y provocar una ilusión de cohesión con la elaboración de los mapas oficiales, la descripción de costumbres y el inventario de los recursos naturales. La Constitución centralista de 1886 pretendió ser la solución a esa recurrente dificultad organizativa. En buena medida, para controlar el territorio estuvo relacionada con los problemas de organización de una burocracia estatal moderna disponible para las tareas de gobierno a nivel local y técnicamente capacitada para construir las obras básicas de infraestructura que volviesen concreto el ejercicio del control sobre la población y el territorio.

Tres, la definición del lugar de la Iglesia católica. Desde la década de 1820 y en algunas coyunturas hubo tentativas de secularización que implicaron la separación de la Iglesia y el Estado, la lucha por el control del sistema educativo, la discusión por expandir determinados ideales de ciudadanía y algunos modelos de comunidad nacional. La escuela se volvió, episódicamente, el centro de la discusión acerca de lo que podía o debía ser una sociedad laica o una sociedad regida por los ideales de la confesión religiosa católica. Esa discusión tuvo expresiones bélicas, especialmente en la guerra civil de 1876, y fue uno de los factores que aceleró la producción de impresos, la expansión del mundo del libro y la multiplicación de prácticas asociativas.

Todas estas discusiones podemos encerrarlas, grosso modo, en la necesidad de construir el orden. Construir el orden político fue, quizás, el fundamento movilizador de quienes hicieron parte de la vida pública en el largo siglo XIX colombiano (y algo semejante puede detectarse en el ámbito latinoamericano)8. Por eso es un periodo atiborrado de todas las formas de escritura posibles que dan cuenta de esa obsesión por trazar un orden. En otro ensayo intentaremos hablar de esas escrituras conectadas por un principio regulador; pero podemos adelantar que mientras hubo predominio de formas de escritura que buscaban provocar ilusiones de orden, estamos ante uno de los rasgos más distintivos de ese siglo dominado por la cultura letrada, cuyos agentes se encargaron de la producción sistemática de una variada prosa que quería encontrar el control de los comportamientos de la sociedad en los más diversos ámbitos de la existencia. Es la época de la ensayística política, la imaginación, la adopción, la traslación de categorías ideales de organización política; por tanto, época de discusiones sobre el lugar del Estado, del pueblo, de la Iglesia Católica en el sistema político, de profusión de manuales y lecciones sobre moral; la única gran variación de esta literatura fue el paulatino paso de una moral escrita según los cánones de la autoridad teologal a manuales de moral hechos por individuos laicos. Es la época de manuales de las buenas maneras, de ciudadanía, de economía doméstica, del buen amor; manuales para instruir en los más variados oficios artesanales, para guiar el comportamiento tanto en la vida privada como en la vida pública. Es la época de la acumulación de descripciones e inventarios acerca de la sociedad y la naturaleza; muchas de esas descripciones tuvieron su origen en el Estado que intentó erigirse en la principal matriz reguladora de todas esas escrituras; los informes científicos, las lecciones de geografía, los relatos de los viajeros, y cuadros costumbristas hicieron parte de esa movilización de un personal letrado que deseó contribuir al inventario de la población y el territorio9. En su afán por fabricar la nación, el Estado patrocinó tareas de reglamentación, por ejemplo de las prácticas administrativas del personal burocrático del mismo Estado10.

La redacción de constituciones políticas, de reglamentos; la profusión de escritos a nombres de la ciencia cuyos títulos comenzaban con la denominación de Manual de…, Lecciones de…, Elementos de…, toda esa bibliografía dotó de personalidad una época en que la razón, la ciencia, la matematización de las tareas del Estado ocuparon un lugar primordial en las funciones del personal letrado11. Construir la nación, definir las tareas y prioridades del Estado, legitimar un personal político, controlar la práctica política fueron, entre otras, las principales ocupaciones intelectuales de los agentes políticos que, por supuesto, eran individuos letrados que habían sabido imponer la soberanía de las capacidades, de la razón, para erigirse en los fautores casi naturales de todas esas funciones.

La emergencia del sistema político representativo entrañó la aparición y consolidación de nuevos agentes sociales de lo político, de nuevos dispositivos de comunicación y comunión entre los individuos, de la invención colectiva de un lenguaje del debate público. Aparecen y se consolidan caudillos, gamonales; surgen intermediarios políticos y culturales de muy variada índole que van a cumplir en determinadas coyunturas el papel de transmisores entre el mundo letrado y el no letrado, entre representantes y representados, entre la “gran” dirigencia política y la movilización plebeya, entre las márgenes del territorio y los centros político-administrativos. Se impone el periodismo como uno de los dispositivos reguladores de la vida pública en la comunicación y discusión de las leyes y demás ejecutorias gubernamentales; las hojas sueltas, los papeles periódicos sostenidos por la regularidad semanal o quincenal fueron el instrumento publicitario más sistemático y expansivo en la formación de una comunidad política dispuesta a la discusión pública permanente. En un libro reciente que examina la naturaleza de la revolución de independencia, el historiador Isidro Vanegas sugiere que entendamos la revolución política como un conjunto de mutaciones trascendentales experimentadas por la sociedad neogranadina; no se trató de una mutación epidérmica, sino un proceso que abarcó a la sociedad en su diversidad y que provocó múltiples tensiones. Como lo han demostrado los ensayos de François-Xavier Guerra y de algunos de sus discípulos, la revolución política entrañó cambios en el espacio público y puso a participar en la vida pública a agentes sociales que habían estado, hasta antes de 1810, sometidos a la condición de súbditos de la monarquía. Como lo afirma también Vanegas en su estudio, “la Revolución, al erigir en soberano al pueblo, hizo que la sociedad se imaginara a sí misma de una manera enteramente nueva”12. La sociedad se había convertido en principio de organización de la comunidad política y fue allí que se hicieron evidentes las tensiones en la instauración de nuevas jerarquías, nuevas autoridades, nuevas formas de comunicación política. Pues bien, la sociabilidad fue la amalgama de expresiones de la sociedad en el campo político; entreveró actividades publicitarias, prácticas de organización colectiva, de asociación de voluntades, abarcó los debates sobre los alcances y limitaciones de la representación política, institucionalizó las afinidades políticas en estructuras partidistas.

La multiplicación de agentes y de dispositivos para tratar de intervenir con alguna eficacia en el sistema político es, quizás, una de las consecuencias más notorias de la adopción de las lógicas de funcionamiento del sistema político basado en la democracia representativa. Y el elemento aglutinador de esos agentes y sus acciones; de agentes sistemáticos y esporádicos de la actividad política, de sus acciones colectivas, de sus voluntades de intervención en la práctica representativa, de sus esfuerzos por comunicar sus aspiraciones en el control del Estado, en la definición del lugar del pueblo y de la Iglesia católica en el orden político fue la sociabilidad.

Hemos llegado, así, a una primera definición, todavía tentativa, de lo que creemos debe llamarse sociabilidad. Sociabilidad es un fenómeno colectivo inherente a las transformaciones del campo político y del espacio público con la instauración del sistema político representativo. La sociabilidad fue la matriz generadora de acciones colectivas con la que grupos más o menos organizados de individuos pretendieron ejercer algún grado de influencia pública o, en terminología gramsciana, alcanzar algún grado de hegemonía ya fuese en el control del Estado, en las acciones de gobierno, en la difusión de ideas. Por tanto, también fue expresión de una vida pública muy competitiva, por no decir que desapacible, en la que quienes desearon tener algún grado de presencia en el espacio público encontraron en las prácticas asociativas un recurso muy eficaz.

En 1851, un publicista conservador francés se tomó la molestia de examinar lo que había sido la expansión asociativa en París a partir de la revolución de 1848. Entre la burla y la alarma, Alphonse Lucas quería demostrar la propagación nefasta de los principios de soberanía popular y de la igualdad entre los individuos; “todos los desastres, todas las agitaciones que hemos padecido han salido de los clubes”, sentenciaba13. Su inventario de asociaciones, reunido en más de doscientas páginas, ilustra y sobre todo denuncia –según su autor– un desbordamiento de la práctica asociativa, el desmesurado interés del populacho por la política, un peligro permanente para el statu quo, una usurpación de las funciones delegadas en autoridades formalmente constituidas. Las asociaciones que describe están llenas de “demagogos”, “especuladores”, “farsantes”, de gente con lenguaje soez que le ha quitado aires de nobleza a la actividad política. Las opiniones de aquel preocupado publicista francés sobre la vida asociativa parisina son muy cercanas a las discusiones que hubo, por la misma época en Hispanoamérica, sobre las bondades o perversiones de la multiplicación de clubes políticos y demás formas asociativas. Baste recordar cómo dirigentes conservadores y liberales, entre 1848 y 1851, hablaron en contra y a favor, respectivamente, de la expansión de clubes políticos. Los escritores conservadores deploraban que los clubes políticos liberales hubiesen auspiciado la participación en los asuntos públicos de “una multitud de hombres ignorantes y sencillos” que eran manipulados por una “pandilla de declamadores”14. Los dirigentes liberales, a su vez, hallaban en la expansión del derecho de asociación la afirmación “del sistema representativo”15.

Una reconocida historiografía política, y sobre todo aquella vertiente que ha colocado la sociabilidad en el centro de análisis, ha admitido el vínculo entre sociabilidad y formación de un campo político en continua disputa. Los estudios pioneros del recién fallecido Maurice Agulhon estuvieron finamente concentrados en la relación entre vida republicana y prácticas asociativas de diverso tipo; su libro quizás más generoso al respecto, La république au village, examinó la evolución en las filiaciones políticas aldeanas mediante el seguimiento a las formas de sociabilidad. Su análisis nos obliga a admitir que las asociaciones y los individuos que las nutren expresan históricamente determinadas adhesiones; que la vida asociativa pertenece a un circuito de comunicación muy intenso y complejo que hace posible la mezcla de viejas tradiciones en apariencia inamovibles con las novedades cotidianas del debate político vertidas en los más variados impresos. Aunque sus reconstituciones históricas puedan tomarse como harto esquemáticas, el historiador francés intentó demostrar que hubo una intensa conversación entre modelos “modernos” y “tradicionales” de asociación a medida que avanzó el siglo XIX francés. La sociabilidad popular, más teñida de costumbres y de elementos del antiguo régimen fue adaptando prácticas asociativas que admitían la discusión política propia de los modernos clubes o círculos. Más problemático en su análisis, Agulhon tiene un capítulo, en el libro mencionado, consagrado a explicar cómo “descendió la política” hacia las masas, lo cual es un difusionismo demasiado expedito para ser creíble; la política moderna se vuelve vertiginosa en la comunicación mediante, la expansión de impresos; mientras tanto, las asociaciones populares aldeanas parecen estancadas en la costumbre y el folclor. Ese encuentro cultural de la rápida novedad ideológica con la vieja costumbre asociativa fue provocando unas adquisiciones de cultura política que el historiador francés examinó a lo largo de su libro16.

Precisamente, la vida cotidiana de las asociaciones aldeanas hacía parte de la conversación política permanente; asociarse era reunir un público para ejercitarse en la opinión política y para reproducir, en el microcosmos asociativo, las prácticas de la representación política y de la discusión parlamentaria. En cada asociación se reproducía o prolongaba el principio de la representación política y se iba definiendo un personal político que obraba de un modo más o menos sistemático en pequeñas o grandes tareas de representación.

François Furet, en su inspirador Penser la révolution française, dejó algunas claves de interpretación del fenómeno asociativo en la coyuntura revolucionaria inmediatamente posterior a 1789, cuando era ineludible la emergencia de nuevos fundamentos de la legitimidad política. La sociabilidad fue, en aquel trance, el lugar de fabricación de la ilusión de la unanimidad, de legitimación de un personal político nuevo con los atributos incuestionables y necesarios para erigirse en los representantes supuestamente genuinos de la voluntad popular. El abandono de un antiguo régimen que había estado “bajo el control absoluto del rey”, colocó al pueblo en el poder y “el pueblo es el poder” nada menos que por las virtudes de la opinión. La palabra se vuelve pública, dice Furet, y es la única garantía de que el poder pertenece al pueblo; y esa palabra se hace pública gracias a “la sociabilidad democrática que ha invadido la esfera del poder”17. Desde entonces, siguiendo otra vez a Furet, “la legitimidad pertenece a aquellos que logran imponer simbólicamente su voluntad”18; en medio de la competición de discursos por apropiarse de la legitimidad se encuentra la sociabilidad como dispositivo fundamental de esa disputa simbólica19. En fin, Furet termina explicando la génesis del político profesional, la manera cómo un grupo de individuos supo fabricar la ilusión de legitimidad en un momento de vacío de poder. Y en esa fabricación febril de una nueva legitimidad se volvió ostensible la creación de un lenguaje político, la afinación de tácticas publicitarias, por eso hablar de asociaciones en aquel momento es hablar, estrictamente, de asociaciones de ideas (sociétés de pensée) dedicadas a erigirse en nichos de propagación de opiniones que pretendían volverse unánimes y cuyos miembros pretendían ser la representación de la legitimidad fundante. Por eso, según este historiador francés, la sociabilidad democrática fue un procedimiento de desplazamiento del poder por medio del ejercicio público y permanente de la opinión, opinión organizada en asociaciones que se encargaron de que las palabras de aquel tiempo se convirtieran en elemento vital de la legitimidad política. Y según esa explicación, la sociabilidad tiene una relación tremendamente contradictoria con la democracia representativa; de una parte, la aparición de asociaciones es indicio de expansión de la iniciativa de individuos con voluntad de poder que encuentran en la asociación un mecanismo de acción colectiva; de otra, no se trata de la genuina voluntad popular expresada en asociaciones, sino la voluntad de “especialistas, de expertos” que tienen la capacidad de ser productores sistemáticos de opinión, de modo que la militancia en esas asociaciones políticas tiene un valor censitario en la medida que se reduce a grupos selectos de individuos con aptitudes para la comunicación política cotidiana. Hay una relativa ampliación del campo político, en tanto nuevos agentes entran en la escena pública, pero al mismo tiempo ese campo se especializa porque esos agentes son portadores muy concretos de un espacio público de opinión reducido a las gentes ilustradas y, en consecuencia, capacitadas para gobernar y ejercer como representantes de la voluntad popular20.

Más recientemente, Pierre Rosanvallon sugería examinar lo político como un lugar donde la vida de los hombres está regulada por sus discursos y acciones, y principalmente por las reglas que se autoimponen para convivir en la polis21; reglas que, nos atrevemos a añadir, son resultados de los triunfos episódicos de unos grupos humanos sobre otros. Al trasladar aquella reflexión a los asuntos de sociabilidad, podemos afirmar que estamos ante una forma de vínculo escogida por los individuos para regular su presencia en la vida pública. La sociabilidad aparece, entonces, en el sistema político representativo, como expresión de búsqueda de relaciones políticas igualitarias, como ampliación concreta del ejercicio de la ciudadanía, como mecanismo de afirmación de identidades, de adhesiones y de rivalidades. Esa vida asociativa, con su abundancia o escasez, con sus ampliaciones o restricciones, con su presencia popular o su especialización elitista es indicio de las condiciones de funcionamiento de la polis. Esas condiciones, a menudo cambiantes, tienen que ver con la manera en que la democracia representativa osciló entre la aceptación y el rechazo de las formas de sociabilidad.

3. Sociabilidad y poder letrado

Como ya ha sido demostrado en el estudio reciente del historiador Gilberto Loaiza Cano, la instauración de los principios de la democracia representativa no siempre favoreció la creación de una vida asociativa22. La sociabilidad fue, en los primeros decenios republicanos, un asunto restringido a un notablato vinculado a las tareas legitimadoras del Estado. La sacralización de la ley entrañó la exaltación del poder legislativo y entonces la única asociación promovida y permitida por el Estado en ciernes fue el Congreso de la República, el lugar de emanación de la ley, la única asociación legalmente constituida mediante el ejercicio de delegación de la soberanía del pueblo. El primer régimen presidencial de Francisco de Paula Santander, en el decenio de 1820, se encargó de modo sistemático de imponer esa regla de la organización de la vida pública. Por lo menos hasta mediados del decenio de 1830, la dirigencia política se había esmerado en el disfrute de la libertad de imprenta y de opinión, pero al mismo tiempo restringió la libertad de asociación. La construcción de una nueva legitimidad pasó, principalmente, por el recurso cotidiano de la escritura pública en impresos, la transmisión de la ley y demás actos de gobierno en las gacetas oficiales e, incluso, por la tentativa de creación de un sistema de instrucción pública que contribuyera a universalizar la lectura como un medio fundamental en la formación de ciudadanos conocedores y respetuosos de las leyes de la república. Escribir constituciones, redactar leyes, y periódicos, especialmente aquellos que tenían pretensión de ser oficiales, era un ejercicio demostrativo de la soberanía de la razón, de la soberanía de las capacidades; quienes escribían eran aquellos individuos dotados de las capacidades necesarias para cumplir tareas de gobierno. Aún más, aquellos que redactaban periódicos en los decenios de 1820 y 1830 solían ser al mismo tiempo miembros de los poderes ejecutivo y legislativo, como le sucedió al mismo Francisco de Paula Santander. En definitiva, la opinión política y sus forjadores ocuparon en aquellos primeros años de la organización republicana la cúspide del campo político y con tal de legitimarse como los representantes o delegados más conspicuos de la soberanía popular estimaron nefasta la propagación de la libertad de asociación. En un extenso artículo sobre Sociedades Populares, en 1822, el dirigente político Vicente Azuero alertaba sobre las consecuencias de reuniones de “porciones de particulares”; se preguntaba: “¿con qué título una corporación formada por autoridad privada, y no reconocida por la ley, se abroga el derecho de hacer peticiones en nombre del pueblo?”. Además le preocupaba la calidad de los individuos que pudiesen participar en esas reuniones:

¿De qué pueblo hablan? ¿Del auditorio que los rodea, compuesto por la mayor parte de artesanos y jornaleros, y hasta de mujeres? ¿Son estos jueces idóneos para dar su voto sobre materias de gobierno? […] No hallamos en la historia el menor indicio de que Esparta, Atenas ni Roma tuviesen establecimientos parecidos a los clubs. Bien amantes de la libertad fueron sus legisladores; pero por lo mismo no quisieron permitir o autorizar instituciones que al fin conducen al despotismo del populacho, el más intolerable de todos23.

A las opiniones corrientes de los políticos se sumó el Código Penal de 1837, el primero en su especie en la historia republicana, para condensar el ánimo restrictivo de la dirigencia política de aquellos primeros decenios. En él se reúnen las prohibiciones y advertencias tanto para opinar como para asociarse. Un discurso en voz alta en cualquier lugar público, un sermón, una carta pastoral, una conversación callejera podían ser medios propicios para poner en peligro el orden constitucional; el tal código es una pieza documental que retrata el estado de inquietud que generaba entonces cualquier ejercicio de la opinión o tentativa de reunión, así fuese espontánea, de grupos de individuos. En uno de sus artículos decía, por ejemplo, que aquel que “en discurso u acto público, en papel leído, o en conversación tenida abiertamente en sitio o reunión pública, o en concurrencia particular que pase de ocho personas, o en denuncio hecho de palabra ante el juez, calumnia a otro, sufrirá reclusión por seis meses a un año, y una multa de diez y seis a cien pesos”24. En un capítulo dedicado a motines, asonadas o movilizaciones de “parte de un pueblo”, quedaba proscrito tocar a rebato una campana, un tambor o lanzar un cañonazo.

Una opinión controlada y una vida asociativa limitada fueron los requisitos para modelar un campo político ceñido a las intenciones de un personal letrado que se autoconsideraba destinado para ser tutor de la sociedad. Por eso, el primer universo asociativo en la formación de la república estuvo circunscrito a un notablato dispuesto a prolongar la voluntad estatal y de ahí el contenido elitista de esa primera etapa asociativa. Luego, en la coyuntura movilizadora y democratizadora que parte de 1846 y culmina con el golpe del general José María Melo, en 1854, tenemos un momento expansivo en la producción y consumo de impresos, un mundo o mercado de la opinión ampliado por el ascenso político y cultural de grupos de artesanos que acumulaban alguna experiencia en asuntos públicos o que simplemente buscaban algún grado de satisfacción de intereses muy específicos. La multiplicación y hasta popularización de periódicos, la emergencia de escritores que no pertenecían a la pléyade del tradicional criollo ilustrado, la cantidad de clubes políticos nos hace creer en genuino evento democratizador en que los notables de la época tuvieron, además, relaciones muy cercanas con fragmentos organizados de gentes del pueblo. Sin embargo, a pesar de esa evidencia cuantitativa de la eclosión de talleres de imprenta, de ampliación de las modalidades colectivas de lectura, de aparición de una dirigencia política proveniente de algunos gremios de artesanos, incluso la presencia activa de las mujeres en la vida asociativa, es mejor examinar con prudencia los límites de ese hecho en apariencia democratizador.

Lo primero que es digno de registrar de aquel momento expansivo es que la asociación y la opinión comenzaron a tener una historia de afinidades, de mutuas implicaciones. La sociabilidad deja de entenderse como un universo restringido al hecho de asociarse; en adelante, la sociabilidad es, mejor, una especie de abanico de acciones colectivas que incluye el ejercicio sistemático de la opinión. Ella entrelaza una comunidad muy activa de agentes que producen y consumen opinión, por tanto las asociaciones se prolongan, por ejemplo, en la existencia de un periódico que es el órgano propagandístico inmediato y en un circuito de agentes muy influyentes en el moldeamiento cotidiano de la opinión y en la difusión de las ideas de los grupos de individuos asociados; entre esos agentes hay que destacar a los escritores (así sean ocasionales autores de algún artículo de opinión), los impresores, los libreros, los correístas, los tenderos. A ellos se agregan, por supuesto, la mujer y el artesano politiqueros, el maestro de escuela, el sacerdote católico, los políticos cuasi-profesionales plasmados en la figura del abogado, principalmente. Todo esto deriva en una consecuencia obvia, cualquier historia de la sociabilidad es inseparable de la historia de la opinión pública; mejor dicho, una historia de la sociabilidad sería incompleta si no aprecia, en su examen, el proceso de formación de la opinión pública porque una de las repercusiones inmediatas de la vida asociativa es la aparición y consolidación de agentes e instrumentos que cumplieron funciones modeladoras de la opinión pública; porque, además, producir y consumir opinión fue una de las actividades evidentes en la vida cotidiana de muchas asociaciones. Y viceversa: una historia de la opinión pública no puede hacer abstracción del universo asociativo, de las prácticas de sociabilidad que fueron determinantes en la circulación de la opinión. Incluso podríamos afirmar que la sociabilidad como objeto historiográfico comprende, por su propia naturaleza, una historia de la opinión pública.

Pero un rasgo determinante de la sociabilidad que va desde los inicios de la vida republicana hasta por lo menos la década de 1950, es que de uno u otro modo estuvo atravesada por el peso de la cultura letrada. Todas las formas asociativas que puedan inventariarse contuvieron, en cualquier grado, un vínculo con los códigos de la cultura letrada; las asociaciones de socorro mutuo, las asociaciones católicas femeninas, el excluyente mundo de la masonería, los clubes políticos, los comités electorales, las asociaciones que buscaban institucionalizar determinadas profesiones, los gabinetes de lectura. En fin, desde las asociaciones más próximas al mundo plebeyo hasta aquellas de evidente espíritu aristocrático basaron lo sustancial de sus actividades y de sus postulados en algún requerimiento propio de la cultura letrada. De uno u otro modo era indispensable el acceso a la lectura y a la escritura; escribir y firmar una adhesión, redactar un reglamento, la lectura colectiva en la sesión de un club político, la suscripción (también colectiva) a un periódico, todo eso y mucho más hizo parte de las actividades cotidianas de glorificación del poder letrado. No nos referimos a los evidentes círculos letrados que auparon la creación de ateneos literarios y otras formas de consagración de quienes querían erigirse en autoridades en asuntos literarios; ese es apenas un segmento obvio y quizás dominante de esa cultura letrada, por supuesto. Pero no puede despreciarse en cualquier análisis que, por ejemplo, los círculos artesanales de la segunda mitad del siglo XIX dedicaron buena parte de sus esfuerzos a la autoeducación, a la organización de bibliotecas para sus cofrades, a la redacción de sus propios periódicos. Quienes se asociaban, en fin, tenían algún tipo de relación con las exigencias capacitarias de la cultura letrada; y eran asiduos o potenciales o esporádicos lectores y electores.

La influencia política de una asociación estuvo determinada, de modo sustancial, por el recurso de la escritura. Volverse agente activo de la política era volverse, también, agente letrado porque era indispensable escribir y leer con alguna asiduidad. La competición en el campo político pasó, principalmente, por la necesidad de la conquista del espacio público de la opinión. Los periódicos escritos por artesanos, que comenzaron a aparecer entre 1848 y 1851, revelan esa ineluctable incursión en el mundo letrado con las deficiencias inherentes que hacían desventajosa la competencia en la discusión pública permanente. Muchos de los artesanos que se volcaron en aquellos años a una improvisada pero urgida redacción de semanarios de pequeño formato y de corta existencia, empezaron sus opúsculos o periódicos advirtiendo que no podrían jamás escribir como “las gentes bien educadas, como los doctores”, que estaban incurriendo en muchos errores de forma pero que, de todos modos, escribían con “la franqueza y la libertad de un verdadero republicano”25. Estos artesanos transformados en escritores públicos justificaban su lenguaje rústico diciendo que, al fin y al cabo, sus principales destinatarios eran otros artesanos como ellos. Algunos eran conscientes de invadir un terreno habitualmente reservado a la élite ilustrada. Por ejemplo, El Sufragante de Cartagena decía en su primer número: “como yo no soy ni doctor de la Universidad, ni poeta ni escritor público, mi lenguaje será, en consecuencia, muy natural y muy simple”26. En El Pueblo, los redactores deploraban las dificultades económicas para hacer circular la prensa del movimiento artesanal: “para sostener periódicos y mucho menos para comprarlos”. Y luego anunciaba: “Esta hoja democrática será publicada cada vez que sea posible porque los pobres no hacen jamás lo que ellos quieren” y pedía la colaboración de los “verdaderos periodistas” para “ayudar a los pobres redactores de esta hoja en la misión de instruir al pueblo”27. Estos son apenas unos de muchos ejemplos que dan cuenta del influjo ejercido por la cultura letrada en el proceso de afirmación pública de un personal político emergente que, quizás a su pesar, recurrió a los elementos de esa cultura para hacer parte del debate permanente.

Ahora bien, es muy probable que las formas de sociabilidad reuniesen un personal letrado que cumplía funciones de intermediación cultural. Muchas asociaciones fueron organizaciones fronterizas, liminares, entre la cultura letrada y la no letrada; ofrecían una especie de representación de aquellos sectores plebeyos situados al margen de la competición política y cuyo reconocimiento pasaba por el liderazgo de un espectro de agentes políticos locales determinantes tales como el maestro de escuela, el cura de la parroquia, el tinterillo. Esta intermediación puede evidenciar una fractura entre la nación regida por los circuitos de la cultura letrada y todo aquello que estaba en ese afuera iletrado o “bárbaro”; también puede entenderse como la presencia activa, en diversas gradaciones, de un personal políticamente activo, con una capacidad de influencia limitada, circunscrita muchas veces a la vida pueblerina.

Para terminar este punto digamos que no pretendemos otorgarle un valor excesivo a la cultura letrada y sus determinaciones, puesto que la vida asociativa no se restringió a expandir una civilidad de la discusión política al ritmo de las claves escriturarias. La sociabilidad fue, en muchas ocasiones, un preludio bélico y se concentró en la exhibición de la fuerza y del número para intimidar a sus rivalidades. Sirvió para definir, de modo muchas veces áspero, identidades partidistas, acendró odios, intolerancias y exclusiones. Pero, aun con tal salvedad, es incuestionable que la sociabilidad fue un universo de agentes y actividades sustentado, principalmente, en los códigos de la cultura letrada y en la consecuente exaltación de capacidades, adquisiciones, habilidades y bienes simbólicos relacionados con la gente letrada.

A manera de epílogo: El horizonte historiográfico de los estudios sobre sociabilidad

Estos vínculos de la sociabilidad con el sistema político representativo y con la consagración de los principios de comunicación de la cultura letrada no han sido, en la historiografía colombiana, motivo de documentación y desciframiento sistemático. Hay estudios puntuales y sugestivos, es cierto, pero no un paisaje de la historia asociativa. El estudio de Loaiza Cano, generoso en listados de asociaciones y de personal político involucrado, es incompleto porque se ocupa de un fragmento temporal y dejó por fuera de su análisis los vínculos con los procesos de la opinión pública y con el afianzamiento de un sistema electoral como pilar del funcionamiento de la democracia representativa. Eso sí, logró mostrar que el personal político fue, por lo menos hasta los inicios de la Regeneración, muy abigarrado, que incluyó individuos que pertenecieron a un muy activo microcosmos lugareño. La política fue, según ese estudio, un circuito de comunicación muy intenso que obligó a establecer y a rehacer vínculos. Las gentes involucradas en la vida asociativa aparecen en varios lugares, reelaboran sus fidelidades. Las trayectorias asociativas que describe Loaiza Cano hablan de un personal elástico, cambiante, acomodado a las circunstancias. Asociarse era protegerse en el caparazón colectivo.

Otros estudios, como la tesis de maestría en Historia de Adrián Alzate, señalan un camino de indagación que vincula ritmos asociativos con la organización partidista, la participación electoral y la difusión periodística28. Allí hay una veta investigativa muy interesante que también es necesario que adquiera un espectro temporal más amplio. La sociabilidad como vehículo de institucionalización del conocimiento científico o de la creación artística están en vínculo inmediato con la historia de la vida intelectual; un estudio muy juicioso al respecto fue la tesis de maestría de Gabriel David Samacá sobre el Centro de Historia de Santander29. Estas dos investigaciones son auspiciosas pero no hacen parte de un paisaje consolidado. Al contrario, los estudios sobre sociabilidad en Colombia no constituyen una tradición historiográfica30. ¿Por qué? La razón más evidente es la incipiente profesionalización de la investigación histórica en Colombia. La investigación en Ciencias Humanas sigue siendo una actividad espasmódica, guiada más por las convicciones personales que por derroteros institucionales. Colciencias, la institución estatal que ha debido ser garante de la actividad científica en Colombia, adolece de una debilidad crónica. Y, precisamente, los estudios sobre sociabilidad, tal como lo hemos sugerido en este artículo, requieren una frondosa acumulación documental para el análisis.

Otra razón tiene que ver con la índole propia de lo que somos, en Colombia, como comunidad de científicos de las Ciencias Humanas y Sociales. No hemos sido, hasta hoy, buenos lectores de los paradigmas de estudios sobre sociabilidad. Maurice Agulhon, pionero historiográfico de ese objeto de estudio, murió siendo un gran desconocido entre nosotros. Su obra clásica al respecto, La république au village, ha tenido muy pocos lectores y comentaristas. En contraste, mientras la obra de Agulhon ha pasado entre nosotros casi inadvertida o ceñida a algunas frases de cajón, ha habido una inclinación más entusiasta a favor de los estudios sobre la acción colectiva impulsados por la ya abundante obra de Charles Tilly. En vez de hablar acerca de sociabilidad, se ha preferido a la “racionalidad de la acción colectiva” o de redes y modelos de organización de la acción colectiva popular. Todo esto tiene que ver, presumimos, con el interés por hallar y entender los comportamientos políticos de los llamados sectores subalternos y, quizás, por la equivocada presunción según la cual los estudios sobre sociabilidad, provenientes en su mayoría de la escuela historiográfica francesa, no tenían un vínculo sólido con ese interés por los asuntos de la subalternidad. En suma, esta disputa simbólica por la aplicación de modelos de análisis ha favorecido, al parecer, la perspectiva analítica de Tilly y sus seguidores.

Bueno es advertir que los estudios sobre sociabilidad no entrañan una dogmática aplicación de las premisas de alguna escuela historiográfica en particular. Dicho sea de paso, la misma obra de Agulhon, tan emblemática, no deja una idea satisfactoria de lo que podríamos llamar sociabilidad; por eso es mejor hacernos nuestras propias preguntas y aventurarnos en nuestras propias respuestas. La sociabilidad fue un fenómeno que al historiador le puede servir de indicio acerca de cómo ha sido la relación de la sociedad con lo político; de cómo la sociedad ha podido intervenir en los asuntos de la polis. Y eso entraña una revalorización de lo que puede considerarse como personal político y, de adehala, aquello que puede llamarse poder. La vida asociativa, en efecto, y sobre todo aquella que alcanzó algún nivel de formalidad y de prolongación en el tiempo, termina siendo un retrato colectivo del funcionamiento y, quizás mejor, de la redistribución del poder. La sociabilidad es, ha sido, un dispositivo de la acción colectiva y, por tanto, suministra un acervo de micro-biografías de aquellos individuos que de modo esporádico o sistemático tuvieron vínculos directos o indirectos con actividades que llevaban el sello de alguna disputa hegemónica en algún nivel de la vida pública. Dicho en otras palabras, el seguimiento histórico al mundo asociativo contribuiría, necesariamente, a una redefinición del personal político; y esto, desde el punto de vista metodológico, nos impele a dotar de mayor sentido el ejercicio prosopográfico. La sociabilidad quedaría, así, inserta en biografías colectivas que darían cuenta de relaciones, alianzas, afinidades, diferencias, pugnas entre grupos de individuos asociados en partidos políticos, clubes electorales, logias masónicas, academias, círculos de artistas y científicos y tantas innovaciones asociativas que aparecen en el panorama cambiante de la vida pública.

En todo caso, los estudios históricos sobre la sociabilidad en Colombia tienen nexos indisolubles con el proceso de la democracia representativa, con la formación de una esfera política autónoma, con la historia del espacio público de opinión en que variados agentes sociales han intervenido con diversas modalidades asociativas. Todo esto hace posible suponer que los estudios sobre sociabilidad están en el cruce de caminos de la historia social de lo político y de la historia intelectual; suministra información sobre los agentes sociales de la política, el estado de la democracia, y el papel de élites esclarecidas en las disputas por el control hegemónico del universo de la opinión. Muchas preguntas se anudan en torno a cualquier investigación cuyo objeto primordial sea la sociabilidad; señalemos algunas por ahora, sobre todo aquellas más prestas al debate:

¿Podemos entender la sociabilidad como un indicio de democratización de la vida pública, como una señal del disfrute de la sociedad de un régimen de libertades o, por el contrario, el pulular asociativo puede revelar constricciones a las libertades de los individuos? La abundancia de asociaciones puede ser un dato dudoso; puede indicar tan fácilmente lo uno o lo otro. Pueden haber momentos de expansión asociativa que indiquen, más bien, una intención estatal de ejercer control sobre la ciudad; por eso es necesario hacer seguimiento sobre la durabilidad de las asociaciones, sobre su origen, sobre qué tendencias ideológicas o partidistas han quedado reunidas mayoritariamente en el inventario de asociaciones.

¿La sociabilidad encarna una competición por cautivar el interés general o, mejor, una competición por el control del espacio público? Quizás ambos asuntos no son excluyentes y más bien converjan en la intención hegemónica de grupos de individuos. A esto puede vincularse otra pregunta: ¿Cuándo y por qué ha habido iniciativa estatal para la propagación de formas asociativas? Lo que obliga a discernir entre la capacidad de iniciativa de fragmentos de la sociedad civil y la necesidad del Estado de construir nexos con una sociedad que le es esquiva y con la cual necesita organizar consensos básicos. Y todo esto conlleva a otra cuestión vital: ¿es que tanto el Estado como la sociedad civil encuentran en las formas asociativas el mejor instrumento para colmar los vacíos del control social o, dicho mejor, las asociaciones son vistas como vehículos apropiados de la comunicación política entre el Estado y la sociedad civil?

Bien, esto es apenas una muestra de los dilemas inherentes a los estudios históricos sobre sociabilidad aquí y acullá. Por ahora nos sirven para entender que estamos en una zona de estudios todavía incipiente, aunque indispensable en la comprensión del proceso histórico de la vida pública tanto en Colombia como en el resto de América Latina en los últimos doscientos años.

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Para citar este artículo: Loaiza Cano, Gilberto. “Temporalidad, sociabilidad y democracia (Colombia y su siglo XIX)”, Historia Caribe Vol. XI No. 28 (Enero-Junio 2016): 177-210.
DOI: http://dx.doi.org/10.15648/hc.28.2016.7

Notas al pie de página