Presentación Dossier Conflictividad y violencia política en América Latina (Siglos XX-XXI)

Dossier

Conflictividad y violencia política en América Latina (siglos XX-XXI)

El siglo XX latinoamericano, desde sus primeras dos décadas, fue testigo del desarrollo de luchas sociales por demandas, tales como el acceso a la tierra, los derechos laborales, la consecución de la vivienda, el mejoramiento de la calidad de vida, y el respeto a los derechos ciudadanos, por señalar solo los más importantes. Estas luchas, que movilizaron a miles de pobres de la ciudad y el campo en el contexto de un capitalismo concentrador de la riqueza y dependiente, se encontraron habitualmente con la respuesta negativa o insuficiente de los Estados y sus distintas formas de régimen político. Estos regímenes, ya sea como dictaduras militares, populismos, regímenes oligárquicos o como democracias excluyentes, recurrieron de forma extendida a la represión como recurso de control social y político. Esta diada de demandas radicales y respuestas represivas configuró buena parte del escenario histórico latinoamericano durante el siglo XX. No obstante, la centralidad de la violencia en la construcción histórica de las sociedades latinoamericanas en su análisis historiográfico solo ha sido parcial y tardíamente desarrollado.

En el año 2012 un grupo de historiadores argentinos, chilenos, peruanos, bolivianos, colombianos y brasileños, nos reunimos en torno al I Seminario Internacional sobre Historia de la Violencia en América Latina (Santiago de Chile), a objeto de reflexionar sobre estos temas. A partir de dicho encuentro las reuniones han adquirido un carácter periódico (Córdoba, Argentina, 2014; La Paz, Bolivia, 2016 y Barranquilla, Colombia, 2018) y nos han permitido debatir en torno a las categorías de análisis y los diseños metodológicos que mejor se aplican a este complejo fenómeno, así como sobre los rasgos distintivos de la violencia en los diferentes países de la región1. Este dossier reúne las contribuciones elaboradas por destacados colegas, con una activa participación en el seminario antes mencionado. Estos trabajos se centran de modo particular en cuatro escenarios: Argentina, México, Colombia y Chile, y consideran un marco temporal amplio que parte a inicios del siglo XX, extendiéndose hasta el presente. Con ello, se busca aportar al debate disciplinar de la Historia en el ámbito de la violencia política y los conflictos armados.

El artículo de Diana Henao, “Empresarios agrícolas y campesinos colonos: colonización y conflicto agrario en la frontera antioqueña (1926-1947)”2, analiza los conflictos entre empresarios agrícolas y campesinos colonos en la región del Magdalena Medio en Antioquia, Colombia, en el ciclo que media entre 1926 y 1947. Como señala la autora, este es un ciclo en el cual los actores que ocuparon la frontera recurrieron preferentemente a recursos legales a efectos de tomar posesión de las tierras. No obstante, también es posible reconocer expresiones de violencia protagonizadas por empresarios agrícolas y colonos, como de ambos al interior del propio grupo. Efectivamente, la adjudicación de baldíos, en cuantías diferenciadas, en esta frontera interior dio origen a múltiples manifestaciones de conflictividad. La tierra, en especial a partir de la segunda década del siglo XX, fue adquiriendo un mayor valor económico como resultado de la expansión de la cabaña ganadera y del incremento de la demanda de recursos alimentarios desde Medellín. Si bien la legislación dictada en 1936 reconoció la función social de la tierra, atenuando la protesta campesina, no es menos efectivo que las disputas por el acceso a las tierras y sus deslindes, se convirtió en foco de controversias y enfrentamientos. El estudio de los expedientes de baldíos, contenidos en el Archivo Histórico de Antioquia, le permitió a la autora catastrar y clasificar las tierras que reivindicaban la Sociedad Agrícola y de Inmigración, los empresarios agrícolas y los colonos que se asentaban en la región, a la vez, que los expedientes judiciales del departamento le permitieron acceder a las demandas y querellas judiciales que ponían de relieve los conflictos que acompañaron estos procesos de asentamiento y explotación. Resulta especialmente relevante el análisis que realiza la autora de las redes de poder local y como estas incidieron en la adjudicación de las tierras y, por extensión, en la agudización de las tensiones y conflictos. No es extraño, en consecuencia, que una parte de esta conflictividad desembocara en episodios de violencia, entre los cuales la autora reconoce el derribo de cercos, la destrucción de cultivos, el incendio de viviendas y, circunstancialmente, los asesinatos.

La contribución de Igor Goicovic, “Inestabilidad, conflictividad y violencia política en Chile, 1925-1941”3, aborda la conflictividad política que afectó a este país del cono sur entre las décadas de 1920 y 1940, fase que coincide con la denominada crisis del régimen oligárquico. Durante este periodo es posible observar una permanente situación de inestabilidad política, que derribó a varias administraciones y que favoreció el despliegue de diferentes formas de enfrentamiento violento. En su trabajo, el autor distingue cuatro tipos de expresiones violentas. Por una parte, la represión estatal, que se manifiesta a través del uso del ejército y la policía militarizada para contener las huelgas obreras, como en La Coruña (1925) y Ranquil (1934), así como en la dictación de una legislación que imponía severas restricciones al desarrollo de la protesta popular (Ley de Seguridad Interior del Estado de 1937). Por otra parte, se encuentran los motines protagonizados por la tripulación de la flota de guerra y por soldados del regimiento Esmeralda de Copiapó (en septiembre y diciembre de 1931, respectivamente) y que fueron aplastados por tropas leales al gobierno. Cabe en esta dimensión de la conflictividad, el putsch cívico-militar de junio de 1932 que dio origen a la República Socialista que se mantuvo en el poder por 12 días. Un tercer tipo de conflicto violento fueron los enfrentamientos callejeros entre diferentes bandas armadas (Milicia Republicana, Milicias Socialistas y Tropas Nacistas de Asalto), que se disputaban el control del espacio público y que aspiraban a expulsar a sus adversarios del mismo.

Por último, se distinguen las polémicas ideológicas y los enfrentamientos violentos que protagonizaron los militantes de izquierda en su permanente disputa por el control de las organizaciones de base de los trabajadores. Una dimensión peculiar de esta conflictividad, fue el uso de las brigadas paramilitarizadas para resolver los conflictos internos que se producían al interior del colectivo partidario. Estos antecedentes permiten matizar las tesis que sostienen que el sistema político chileno se fue configurando, desde comienzos del siglo XIX, en base a un consenso político amplio que excluyó la violencia como mecanismo de resolución de conflictos.

El artículo de Pablo Alejandro Pozzi, “De frente, hacia las masas”4. El PRT-ERP y el trabajo de masas” , analiza la relación entre la organización político-militar Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) de Argentina, y diferentes sectores sociales a los cuales la organización refería como movimiento de masas. El trabajo de Pozzi evidencia que el PRT-ERP alcanzó, incluso tempranamente, una importante inserción entre trabajadores azucareros, obreros industriales, estudiantes y activistas católicos, en el eje Tucumán-Córdoba-Rosario. Ello pone de manifiesto que esta organización fue mucho más que una guerrilla compuesta de jóvenes desencantados con la sociedad burguesa, llegando a convertirse, en algunas regiones o sectores sociales, en una alternativa de conducción frente al poderoso movimiento peronista. Un aspecto notable de esta inserción radica en que el PRT-ERP, a diferencia de otras organizaciones tanto marxistas como peronistas, se construyó en la clandestinidad, se conformó como un partido de cuadros y agitó la lucha armada como mecanismo para alcanzar el poder y, aun así, sostiene Pozzi, logró desplegar una eficiente estrategia de inserción en el mundo social. La fase de mayor inserción de masas para el PRT-ERP se produjo entre 1972 y 1975, y fue el resultado de la superación de las tensiones internas provocadas por el conflicto entre morenistas y guevaristas, con la imposición de estos últimos, y de la creciente preocupación de la dirección de la organización por volcar su militancia hacia el trabajo con los trabajadores. Resulta especialmente interesante observar, a partir de los testimonios recogidos entre trabajadores y pobladores de barrios industriales, que si bien la política del PRT-ERP no es claramente comprendida por los sectores populares, el accionar violento de la guerrilla no es objetado, sino que, en muchos casos, es percibido como una alternativa para contener la represión. Efectivamente, para los grupos sociales más pobres el problema de la violencia se relacionaba de forma directa con las estrategias y dispositivos represivos desplegados por el Estado. Eran las policías las que incursionaban en sus barrios y centros laborales, golpeaban a los trabajadores o los retenían en calabozos y cárceles. Por el contrario, las guerrillas y sus expresiones de violencia, eran asociadas a una larga tradición de lucha radical, que partía con los anarquistas de comienzos del siglo XX y entroncaba con la resistencia peronista de mediados de la década de 1950. En síntesis, el trabajo de Pozzi releva un aspecto escasamente estudiado en la historia del PRT-ERP, relevando la versatilidad de dicha organización y su contribución al proceso de politización del movimiento de trabajadores en Argentina en la agitada década de 1970.

La contribución de Gerardo Necoechea y Alicia de los Ríos, “Violencia política y movilización popular: Chihuahua (México), 1972”5, analiza el surgimiento del Comité de Defensa Popular (CDP) de Chihuahua (México), en 1972, y su función articuladora de los movimientos armados y sociales de la región. El texto expone cómo el violento accionar represivo de la policía, que siguió al triple asalto bancario del 15 de enero de 1972, gatilló un amplio movimiento de solidaridad social y político que desembocó en la formación del CDP a comienzos de febrero del mismo año. Pero este fenómeno, a juicio de los autores, no es consecuencia exclusiva de la coyuntura represiva, sino que es más bien el resultado de la movilización social y política de los trabajadores rurales, maestros normalistas, estudiantes y militantes de organizaciones armadas que, desde fines de la década de 1950, venían demandado la ejecución efectiva de las políticas de reforma agraria. El punto más álgido de esta movilización se había alcanzado en septiembre de 1965, cuando un comando del Grupo Guerrillero del Pueblo (GGP), atacó infructuosamente el cuartel de Madera a objeto de difundir los objetivos de su lucha. Pese a la dura derrota que experimentaron los insurgentes tanto las movilizaciones populares (protestas, huelgas, invasiones, etc.), como la lucha armada, mantuvieron un importante nivel de desarrollo en diferentes regiones de México, en especial en la zona de Chihuahua. Siguiendo el enfoque de Melucci los autores sostienen que la constitución del CDP fue el resultado de los movimientos y redes que se formaron en torno a las luchas sectoriales de la región de Chihuahua y en ellas tuvieron roles destacados tanto los estudiantes más ideologizados, pero también los trabajadores que resistían el charrismo, los campesinos que demandaban la asignación de tierras y los migrantes que invadían terrenos urbanos. Concordante con ello, el CDP fue convertido en un frente político y estructura de coordinación de las diferentes luchas en desarrollo. Especial relevancia adquirió el tribunal Popular creado por el CDP en julio de 1972, que juzgó y encontró culpables a las principales autoridades políticas del país y de la región, de los cargos de crímenes, asesinatos y actos represivos contra el pueblo. Se trata de un trabajo sugerente, que permite reflexionar, a partir de una coyuntura emblemática, sobre un periodo más amplio en el cual la versatilidad organizativa y la disposición de lucha del movimiento social y político puso en jaque las estructuras de la dominación en una región de México.

Por último, el trabajo de Patricio García6, estudia la evolución de los actores armados en Colombia en el ciclo que se extiende entre la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el año 2006, y la suscripción de los denominados acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), en noviembre de 2016. En base a lo que el autor denomina los “vacíos institucionales”, se sostiene que una parte de los actores desmovilizados (insurgentes y contrainsurgentes) transitaron hacia la constitución de bandas criminales transnacionales que impulsan un capitalismo criminal y que, por extensión, impactan económica y socialmente en las áreas en las cuales se asientan. En este caso el eje categorial fundamental es el de postconflicto y, a través de él, se observan las condiciones institucionales y políticas en las cuales se llevó a cabo la desmovilización e inserción de los antiguos combatientes. Es precisamente en este punto donde el autor reconoce los principales vacíos o silencios del proceso, condición que facilita la rearticulación de los grupos armados, ya despojados de objetivos políticos, y su encaminamiento hacia la formación de bandas criminales. Estas bandas disputan entre sí, con el Estado y con los habitantes de las comunidades afectadas, el control de la economía ilegal (narcotráfico, contrabando, minería ilegal, etc.) y, dadas las ingentes utilidades que reporta la misma, despliegan brutales acciones de aniquilamiento de los adversarios y de control y amedrentamiento sobre el conjunto de la población.

Por otro lado, el autor destaca el carácter y capacidad transnacional que han adquirido estas bandas criminales, llegando a operar más allá de las fronteras nacionales y construir redes de apoyo y comercialización en diferentes países de la región e incluso de Europa. De la misma manera, informa sobre las transformaciones operadas a nivel organizacional, enfatizando la descentralización y flexibilidad (redes y nodos) que caracteriza a estas agrupaciones. Queda en evidencia que la incapacidad del Estado por ejercer control efectivo sobre los territoritos, a la par de resolver los problemas estructurales de la pobreza y la inequidad, sumado al déficit de las políticas públicas de reinserción de los ex combatientes, se convierte en un escenario ideal para la expansión y consolidación de las bandas criminales. Una problemática a todas luces relevante que se encuentra, de acuerdo con la discusión bibliográfica, en su primera etapa de análisis y conclusiones.

No nos cabe duda que estas contribuciones, que nos hablan de enfoques, actores, regiones y conflictos de diferente situación y naturaleza, iluminarán nuevas áreas del conocimiento a la vez que estimularán el debate académico sobre la violencia política y sus proyecciones en la sociedad contemporánea.

No podemos concluir la presentación de este Dossier sin presentarle al Editor responsable de la Revista Historia Caribe, el Dr. Luis Alarcón Meneses, y a la Coordinadora Editorial, La Mag. Eva Sandrin García Charris, así como a todos los integrantes del Comité Editorial de la publicación, nuestro más sincero reconocimiento tanto por la aceptación del Dossier, como por las orientaciones y el apoyo que nos han brindado a lo largo del proceso de edición.

Igor Goicovic Donoso
Editor Invitado
Universidad de Santiago de Chile (Chile)

DOI: https://doi.org/10.15648/hc.39.2021.2950