Editorial

EDITORIAL

DOI: https://doi.org/10.15648/hc.39.2021.2949

Durante los últimos meses en Colombia al tema de la pandemia se le ha sumado otro, el de la protesta social. En muchos casos como consecuencia colateral a las dificultades resultantes de las restricciones y limitantes impuestas con el propósito de mitigar el Covid 19. Los colombianos nos vimos afectados en mayor o menor escala por estas medidas de contención, las que en varias de nuestras ciudades terminaron por exacerbar a los sectores más vulnerables de la población, quienes vieron en la protesta callejera un espacio para manifestar su descontento contra las medidas impopulares de un gobierno que en medio de la pandemia pretendió incrementar los impuestos e impulsar reformas laborales y a la salud.

Estas protestas, extendidas como nunca a lo largo y ancho del país, tuvieron como principales protagonistas a los jóvenes, quienes ante la falta de oportunidades de estudio y de trabajo, se lanzaron masivamente a las calles exigiendo mayor atención por parte de un Estado que en muchas ocasiones se ha mostrado indolente ante las penurias de la sociedad colombiana; situación que se agudizó como resultado de la pandemia, la misma que hizo aflorar aún más las desigualdades sociales e incrementó la ya campante incertidumbre de la llamada generación NiNis, jóvenes que ni estudian ni trabajan, los mismos que se convirtieron en el motor del mayor paro que ha vivido el país.

Este paro fue duramente reprimido a través de acciones de la fuerza pública, algunos de cuyos miembros terminaron por cometer abusos policiales que acallaron para siempre las voces de más de medio centenar de muchachos que se manifestaban para exigirle al gobierno la implantación de políticas públicas más solidarias con una población sumida en la pobreza que reclama nuevas oportunidades de trabajo y estudio.

En estas protestas también se hicieron presentes profesores, empleados oficiales, trabajadores, pensionados y otras capas medias de la sociedad colombiana quienes igualmente han visto afectadas sus condiciones de vida como resultado de la pandemia y por ausencia de políticas públicas capaces de dar respuestas efectivas y reales a la precarización que afecta a los colombianos.

En medio de este panorama de protestas e incertidumbre, que también afecta otras latitudes, las Ciencias Humanas tienen la obligación de profundizar en investigaciones que nos permitan comprender lo que está ocurriendo, conocimiento que puede resultar de gran utilidad para que los Estados –de una vez por todas– implementen acciones que permitan dar respuestas adecuadas a la protesta social, la cual no puede seguir siendo reprimida ni satanizada como ha ocurrido recientemente en Colombia.

Por ello, desde Historia Caribe, más allá de quedarnos solamente en opiniones o análisis de la realidad por la que atraviesa la sociedad colombiana, consideramos necesario seguir divulgando estudios históricos en los que se dé cuenta de procesos como los que aborda este dossier dedicado a la Conflictividad y violencia política en América Latina (siglos XX-XXI), cuyo editor invitado es el historiador Igor Goicovic Donoso, de la Universidad de Santiago de Chile, a quien agradecemos su riguroso trabajo para sacar adelante esta propuesta temática de la mano de los articulistas que lo conforman, los que tienen como teloneros tres artículos de Tema Abierto, con los que suman un total de ocho estudios que dan forma al número 39 de Historia Caribe, el mismo que ponemos a disposición de nuestros ávidos lectores.