Familias pobres y Defensores de Menores en el centro de la provincia de Buenos Aires. Formas de intervención en la transición al siglo XX

Familias pobres y Defensores de Menores en el centro de la provincia de Buenos Aires. Formas de intervención en la transición al siglo XX*

Yolanda Edith de Paz Trueba

Afiliada institucionalmente al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas-CONICET (Argentina). Correo electrónico: yolidepaz@gmail.com. La autora es doctora en Historia de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Argentina). Entre sus publicaciones recintes tenemos: en coautoría “Mujeres, noviazgo y trabajo. Una experiencia en la Provincia de Buenos Aires, 1906-1910”, en Revista Diálogos, Revista Electrónica de Historia Vol. 17 N°2 (2016). Entre sus temas de interés están historia Social con perspectiva de género.

Recibido: 28 de agosto de 2016

Aprobado: 30 de noviembre de 2016

Modificado: 19 de diciembre de 2016

DOI: http://dx.doi.org/10.15648/hc.31.2017.8

* Este artículo forma parte del proyecto: “Circiulación de niños y asilos para huérfanos. El centro y sureste de la provincia de Buenos Aires entre 1890 y 1920” financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Argentina).

Familias pobres y Defensores de Menores en el centro de la provincia de Buenos Aires. Formas de intervención en la transición al siglo XX

Resumen

A través del análisis de documentos de la Defensoría de Menores de Azul, provincia de Buenos Aires, este artículo busca reparar en la figura del Defensor de Menores para mostrar cómo en la campaña se constituyó en un nexo que posibilitó canalizar institucionalmente demandas familiares en relación con los menores de edad.

Se sostiene que en este momento su figura se vio reforzada por la fuerza de las circunstancias, toda vez que fue en los ámbitos municipales (como los del centro de la provincia de Buenos Aires en los que focaliza este trabajo), donde la resolución de estas situaciones adquirió centralidad.

Palabras Clave: infancia, Defensores de Menores, colocación, estrategia familiar.

Poor families and Children’s Ombudsperson in the center of Buenos Aires Province. Forms of intervention in the transition to the 20th century

Abstract

Through the analysis of documents of the Ombudsperson for Children’s Office of Azul, a province of Buenos Aires, this article aims at repairing the figure of the Child Defender to show how it was constituted a connection in the country that made possible to institutionally channel family sues in relation to minors.

It is argued that, in this moment, Defenders of Children’s figure was supported by the force of the circumstances, since it was in the municipal areas (such as those in the center of the province of Buenos Aires in which this paper focuses), where the resolution of these situations acquired centrality.

Keywords: childhood, Children’s Ombudsperson, placement, family strategy.

Famílias pobres e defensores dos menores no centro da província de Buenos Aires. Formas de intervenção na transição ao século XX

Resumo

Por meio da análise de documentos da Defensoria de Menores de Azul, província de Buenos Aires, este artigo tem por finalidade reparar na figura do Defensor de Menores para mostrar como a campanha se constituiu em um nexo que possibilitou canalizar institucionalmente ações judiciais familiares em relação com os menores de idade.

Sustenta-se que neste momentos sua figura se viu reforçada pela força das circunstancias, por ter sido nos âmbitos municipais (como os do centro da província de Buenos Aires nos que focaliza este trabalho), onde a resolução destas situações adquiriu centralidade.

Palavras-chaves: infância, defensores de menores, colocação, estratégia familiar

Familles pauvres et Défenseurs des enfants, au centre de la province de Buenos Aires. Types d’intervention dans le passage au XXème siècle

Résumé

Par le biais de l’analyse des documents du bureau du Défenseur des enfants d’Azul, province de Buenos Aires, cet article vise à repérer dans la figure du Défenseur des enfants afin de montrer comment pendant la campagne a été constitué un lien qui a possibilité de cheminer institutionnellement les réclamations familiales en relation avec les mineurs.

L’étude soutient qu’en ce moment sa figure s’est renforcée par la force des circonstances, dans la mesure que cela a été dans les domaines municipales (comme ceux du centre de la province de Buenos aires sur lesquels focalise ce travail), où la résolution de ces situations a acquis toute l’importance.

Mots clés: enfance, Défenseur des Enfants, placement, stratégie familiale.

Introducción

Desde los años finales del siglo XIX, se multiplicaron las preocupaciones por ciertos colectivos de infancia. Ríos de tinta corrieron para diagnosticar su situación y proponer alternativas y soluciones de cara a resolver las contingencias que afectaban a aquellos niños, niñas y jóvenes que carecían de adecuados marcos de contención familiar, debido a que no concurrían con regularidad a la escuela y pasaban largas horas del día en las calles. Situaciones que, se creía, ponían en peligro no solo su propio presente y futuro, sino también el de la sociedad toda.

En gran medida, la proliferación discursiva a la que se asistió entonces respondía a inquietudes que manifestaron algunos reformadores sociales a partir de la observación de la realidad de grandes urbes como Buenos Aires, que ha sido objeto además del grueso de los análisis que han enriquecido la historiografía de la infancia. Poco sabemos, en cambio, de otros contextos, como las zonas de la campaña del centro de la provincia de Buenos Aires que aquí se estudian.

Al referirnos a la campaña hablamos de poblados de reducidas dimensiones con una extensa zona rural circundante, que gradualmente durante el período trabajado hicieron su transición a la condición de pequeñas ciudades. Sin embargo, y a pesar de esa evolución que se debió al criterio objetivo del aumento en el número de habitantes, esos espacios no abandonaron su condición de pueblos rurales hasta bien entrado el siglo XIX. La ruralidad fue una característica persistente, que se relaciona con la alta movilidad de personas entre el campo y el principal centro poblado, la estrecha relación entre la actividad económica de la zona estrictamente rural y el desarrollo pueblerino.

La multiplicación de la población del espacio estudiado, el crecimiento económico a causa de su inserción en el mercado de exportación de productos pecuarios, la complejización social, urbana y cultural, entre otros factores, también fueron sensibles a la cuestión de la infancia, su vulnerabilidad, vagabundeo, mendicidad y pobreza.

En los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, la fundación de asilos para huérfanos buscó remediar esta situación. Sectores privados de corte católico trabajaron en pos de la infancia, como he planteado en otros trabajos. Gran relevancia tuvieron en este contexto acciones privadas como las desarrolladas por las Damas de Caridad del Sagrado Corazón de Jesús en localidades del centro y sureste de la provincia de Buenos Aires, asociaciones que fundaron asilos para niñas en los años finales del siglo XIX1. En estos espacios de la región, no hubo hasta muy entrado el siglo XX una intervención sistemática del Estado destinada a atender a la niñez en riesgo. Así, las asociaciones privadas (tanto católicas como laicas), desarrollaron labores de consideración no solo en lo relativo a brindar asilo, sino también educación y formación de cara a la futura inserción social y laboral. El Estado municipal colaboró con estos proyectos por medio de subvenciones, que no fueron suficientes y pusieron a las benefactoras privadas ante la necesidad constante de procurarse fondos.

Ahora bien, el hecho de que no existieran instituciones asilares de carácter estatal y no se incorporara la atención social en un organigrama burocrático, no es razón suficiente para desestimar la importancia de las intervenciones que realizaron los Defensores de Menores, figura estatal designada por la municipalidad de cada localidad, que debió atender las numerosas problemáticas que involucraron a menores de edad y que quedaron fuera del alcance de la beneficencia privada. En tal sentido, fueron muchas las situaciones que recayeron en sus manos y compartieron con las benefactoras católicas la ardua tarea de dar amparo, educación y buscar casa y comida para una gran cantidad de niños, niñas y jóvenes que temporalmente quedaron expuestos a los riesgos del azar. Cabe señalar que para distinguir entre niños y jóvenes usamos la categoría dispuesta por el Código Civil Argentino vigente en el periodo estudiado, que consideraba menores de edad a los individuos de uno y otro sexo que no llegasen a 22 años cumplidos. Los menores de 14 años, por su parte, eran valorados como impúberes2.

Desde fines del siglo XX una serie de trabajos han revelado la dinámica de funcionamiento del Estado y su relación con las instituciones de la sociedad civil, muchos de los cuales han abordado la relación que el mismo entabló con las asociaciones privadas que atendieron a diversas circunstancias relativas al asilo y contención de los menores de edad en situaciones de carencias materiales y/o afectivas3.

A su vez, la historiografía de la infancia ha hecho aportes de consideración sobre este sector de la población a partir de preocupaciones como la educación, la familia, las políticas públicas de control y represión y las acciones de asociaciones de beneficencia. Estos abordajes han contribuido a delinear algunos rasgos de la niñez en el ámbito de las instituciones, de las políticas educativas o de la salud4. Trabajos más recientes se preocupan por la participación de los niños y niñas en la historia desde su agencia y han comenzado a preguntarse por los destinos laborales y la vida cotidiana de niños alojados en establecimientos asistenciales-correccionales5. Las Defensorías en cambio han sido objeto de escasos estudios aun6 y en el caso de los últimos abordajes están centrados en su relación con el entramado institucional encargado de gestionar los destinos de los niños y jóvenes tutelados por el Estado7. Las estrategias y usos que los actores sociales desplegaron a la hora de entablar una relación con las Defensorías, no han sido retomadas por estos trabajos desde la perspectiva que aquí se analizan.

En la intersección de estas preocupaciones, en las páginas que siguen, nos situamos en Azul, una de las cabeceras de partido más dinámicas de la actual zona centro de la provincia de Buenos Aires por su importancia productiva, con el objetivo de reparar en la figura del Defensor de Menores y su rol como mediador con las familias pobres, aspecto no explorado aún. Se busca mostrar el papel clave que este desempeñó en la campaña al constituirse en un nexo que posibilitó canalizar institucionalmente demandas familiares en relación con los menores de edad. A tal fin analizaremos no solo las situaciones que ameritaron la intervención del Defensor, sino la manera en la que esta se originó y las expectativas que llevaron a muchos actores sociales a golpear sus puertas.

Este artículo se basa en una serie de fuentes de la Defensoría de Menores de Azul, que involucra a niños de la traza urbana, de las extensas zonas rurales del partido y de otros pueblos y parajes vecinos (como Las Flores, Lamadrid, Olavarría y Tapalqué), así como otros más alejados. Con este fondo documental, nos acercamos a la cotidianeidad de amplios grupos de niños, niñas y jóvenes de una amplia región circundante del centro de la provincia8.

Sostengo que, en un marco de necesidades sobre la infancia que se vieron multiplicadas, la vieja figura del Defensor de Menores, se vio reforzada por la fuerza de las circunstancias, toda vez que fue en los ámbitos municipales donde la resolución de gran parte de las demandas sociales fue preponderante, especialmente si tenemos en cuenta que el despacho del Defensor General de la Provincia, a quien debían rendirle cuentas los Defensores locales, estaba ubicado en la ciudad de La Plata, capital provincial a 300 kilómetros de distancia.

A través del análisis de expedientes, circulares y notas de la Defensoría de Menores de la ciudad de Azul y localidades vecinas, este artículo rastrea las prácticas de las familias pobres del centro de la provincia que debían combinar el trabajo con la crianza de los hijos, atendiendo a los momentos y motivos que los llevaron a recurrir al Defensor. Se trata, en definitiva, de reparar en la forma en que los pobres usaron esta instancia estatal de asistencia, buscando aportar complejidad a la cuestión de la infancia y a la manera en que se articularon soluciones públicas y privadas en el espacio estudiado.

1. Azul: progreso económico y desigualdades sociales

Los espacios situados al sur del Río Salado, límite natural establecido desde la época colonial con las sociedades indígenas, fueron protagonistas en las décadas finales del siglo XIX y primeras del XX, del boom económico por el que atravesó la provincia de Buenos Aires debido, entre otros motivos, a la puesta en producción de grandes extensiones de territorios al sur y oeste de la provincia, luego de la campaña del desierto de 1880 que permitió el corrimiento de la frontera productiva al expulsar a los pobladores nativos. Si bien esas tierras habían sido privatizadas mucho antes, la obtención de recursos en abundancia para su comercialización fue un proceso que demoró más tiempo y que necesitó de la conjugación de varios factores, entre ellos la fluidez de las comunicaciones entre grandes distancias y el aporte de brazos que representó el arribo masivo de inmigrantes europeos. La conexión ferroviaria entre Buenos Aires, Bahía Blanca y una multiplicidad de pueblos de viejo asentamiento en la zona al sur del Salado y otros nuevos que irían surgiendo, fue determinante para el crecimiento de la zona aquí estudiada9.

Azul era un pueblo ubicado en este espacio, en el centro de una región próspera desde el punto de vista productivo. Como ha sostenido María Sol Lanteri, el poblamiento de Azul respondió a factores diferentes al del resto de la provincia al ser objeto de políticas públicas de colonización y tierra desarrolladas por el gobierno rosista como parte de un proceso de ocupación de la tierra así como de otorgamiento de premios y recompensas a la fidelidad política mostrados hacia el gobierno de Buenos Aires. Sin embargo, a partir del final del siglo XIX atravesó por una fase de desarrollo, modernización económica y diversificación social, con características similares a las de otros pueblos de la actual zona centro y sureste de la provincia10. Las contradicciones originadas fruto del crecimiento económico frente a la problemática social, aparecieron reflejadas con toda su fuerza en el periodo analizado, cuando se asistió al pasaje de pequeño pueblo a ciudad11. Sin embargo, a pesar de este cambio que se definió a raíz de un dato objetivo (la cantidad de población), conservó por mucho tiempo su carácter de pueblo rural, formado por una pequeña traza urbana con una extensa área rural circundante, tal como lo consignaba el Censo Provincial de 1881. De acuerdo con este registro, el partido tenía entonces un total de 604.700 hectáreas. Según el mismo, la parte urbana ocupaba solo 230 hectáreas, y una cantidad más considerable de superficie se dedicaba a cultivos (18.121 hectáreas eran ocupadas por quintas y chacras además de calles y plazas) y mucho más aún para pastoreo, 586.349 hectáreas12.

Los datos que arrojan los tres primeros Censos Nacionales de Población dan cuenta de un sensible incremento poblacional en el que se observa una coincidencia con el conjunto de la provincia. Así, en Azul fue notable el crecimiento de la urbanización y leve la disminución de la población rural: la población urbana pasó de 9.494 a 19.602 y de 13.621 bajaron a 12.501 los residentes en el campo, según cifras de los Censos de Población de 1895 y 1914 respectivamente. Si bien esto puede llevarnos a pensar que aquella zona urbana que marcaba el Censo de 1881 debe haber aumentado su superficie, otras características de pueblo rural se conservaron, como la dependencia de la economía local respecto de las actividades agropecuarias.

El crecimiento que experimentaron estas labores en los tramos finales del siglo XIX y los comienzos del XX, redundaron en un aumento del asociacionismo y la vida comercial, a la que diversas fuentes locales aludían: “El Azul es uno de los pocos pueblos de la provincia cuyo crecimiento no ha sufrido intermitencias. Debemos esto a sus poderosas fuerzas vitales fundadas en la bondad de sus tierras, en la subdivisión de las mismas y en los hábitos de labor de sus pobladores”13. Según esta misma fuente, la distribución de las grandes extensiones de tierras que circundaban la zona urbana en parcelas pequeñas, habría sido un elemento acelerador del progreso. Esto habría permitido el desarrollo de explotaciones y el acceso a la tierra a pequeños productores, a diferencia de otros partidos de la provincia en los que estas se concentraban por leguas en pocas manos14. Agregaba la Guía citada que:

“La industria y el comercio tiene también sus buenos representantes. Dos molinos antiguos puestos últimamente a la altura de los nuevos establecimientos de esa clase, fábrica de cerveza, de jabón, grasa, aceites y curtido, cinco grandes fábricas de queso (…) fundiciones, herrerías, fábricas de carruajes, talleres de construcción de toda clase, y un mismo número de industrias de menor importancia relativa”.

Estos elementos daban vida a la dinámica actividad económica local. La descripción señala también la existencia de un número importante de negocios mayoristas y minoristas, además de las sucursales del Banco de la Nación Argentina, del Banco de la Provincia así como del Banco Comercial, que transmitían la imagen de un pueblo pujante del centro bonaerense. Para 1895, según el Censo Nacional de ese año, Azul contaba con un total de habitantes entre población urbana y rural de 23.115 personas. Esta cifra no dejó de crecer y en 1914, momento en que se realizó el Tercer Censo Nacional, había ya 32.103 habitantes, acorde con el impacto poblacional que afectó a todo el territorio. Este crecimiento redundó en un aumento de la sociabilidad y los consumos culturales y de todo tipo, como sugiere la diversidad de productos y servicios que se ofrecían a través de la prensa local de los primeros años del siglo XX. Rafael Lorenzo publicitaba en 1903 la variedad y calidad de los productos que ofrecía en su “Confitería y Facturería San Martín”, promocionada como fábrica de masas y caramelos, además de ofrecer servicios para casamientos y demás acontecimientos sociales.15 Años después, los azuleños pudieron concurrir a la casa de baños púbicos (higiénicos y medicinales) que Luis Gaglianone había inaugurado. Como relataba otro periódico en relación a la ocasión de la apertura, “(…) Numeroso público llenaba los jardines y habitaciones admirando las instalaciones hechas en ellas (…)”. El dueño del establecimiento había mostrado su hospitalidad ofreciendo a los visitantes una cena y además “(…) las numerosas personas que llenaban el edificio fueron agasajadas con cerveza, helados, masitas y licores”, y con la música de una orquesta local que amenizó la velada.16 Para 1910, Julia M. de Rance promocionaba sus servicios de modista sin dejar de mencionar a su potencial y selecta clientela de señoras el importante hecho de encontrarse “recién llegada de Europa”17, y el Café y Confitería Colón de Juan P. Torras, ofrecía “(…) un excelente servicio de bar, café y confitería”, con un gran surtido de pastelitos y masas finas18.

Estos datos que nos hablan de una localidad pujante y en pleno desarrollo, se contraponen con la imagen sobre la situación de la infancia que transmitía la misma prensa local, que fue insistente en relación a su situación de pobreza y abandono como fenómenos visibles en las calles azuleñas. Decía El Imparcial que “Llama la atención del público el gran número de mendigos que recorren las calles, principalmente a niñitos que a las horas de la noche recorren los calles pidiendo limosna (…)”19. Ese mismo año señalaba que era alto el número de personas, niños entre ellos, que imploraban limosna: “(…) Dondequiera se ve, ya en los cafés, en las esquinas de las calles, en la puerta de la Iglesia, a niños que solicitan de los transeúntes una limosna”20. Comentarios que, conforme pasaban los años, los periódicos locales reiteraban21.

En este contexto de fin de siglo, las benefactoras católicas antes mencionadas habían instalado su asilo para niñas con la intención, como lo expresaba la presidenta en nota al Intendente en 1899, de otorgar:

“(…) protección para las huérfanas que claman acosadas por el hambre y desnudez que más de una vez las lleva al sepulcro o a la deshonra, para remediar estas necesidades de la vida, el pan y el vestido, y que siempre en la escasez dan a la sociedad seres débiles y enfermizos o el espectáculo del escándalo que vulgariza el vicio”22.

En este tenor, señalaba la importancia de obtener una ayuda económica destinada a construir un edificio propio en el que alojar más niñas, puesto que aunque ellas multiplicaron sus esfuerzos para atender las demandas “(…) hoy alcanza al número de 41 [asiladas] lo que no llena las necesidades de esta ciudad”23.

Cabe preguntarnos entonces qué sucedía con aquellas niñas que quedaron fuera de este circuito y qué pasaba con los varones que, hasta 1911, no contaron con una institución destinada a ellos específicamente. Hasta entonces todo lo relativo a los niños de sexo masculino de Azul y la zona quedó concentrado en manos de los Defensores.

2. Las Defensorías de Menores en la campaña: antigua institución para nuevos problemas

La sanción en 1869 del Código Civil era coherente con la intención de la elite gobernante de dotar al país de una modernidad legislativa acorde con el momento de expansión y crecimiento por el que se atravesaba. Este nuevo marco normativo, sin embargo, no alteró la figura ni las funciones del Defensor de Menores local, autoridad que debía entender en todos los asuntos ligados a menores de edad. Como especificaba una circular de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en 1886, las Defensorías debían continuar en manos de un miembro de la municipalidad que desempeñaría sus funciones de forma gratuita (a diferencia del Defensor General que era rentado) y debía ser elegido por sus integrantes, tal como lo marcaba la vieja ley de 1854 (que no había sido derogada por la nueva legislación de 1886)24.

En los tramos finales del siglo XIX y comienzos del XX, las actuaciones de los Defensores de la campaña cobraron relevancia al multiplicarse sus tareas, al calor del aumento poblacional antes señalado. Al tiempo que se reforzaron las preocupaciones estatales que la infancia despertaba en este contexto, no se gestaron soluciones nuevas.

El Defensor de Menores local era un funcionario elegido para desempeñar un conjunto amplio de tareas relacionadas con la colocación, el bienestar, la educación y los bienes de los niños huérfanos o abandonados de cada localidad. Los Defensores de Menores de los partidos de campaña respondían a su vez al Defensor General de la provincia, al que debían pedir instrucciones “sobre el modo de proceder en los casos dudosos o difíciles que ocurrían en el desempeño de su cargo”. Debían, además, pasar “a fin de cada trimestre a la Defensoría General, una relación circunstanciada de los menores huérfanos existentes en su respectivo municipio, con expresión de sus nombres, edad, colocación de las personas y de sus intereses”25.

Ante la ausencia de una asistencia social burocráticamente organizada e incorporada al organigrama del Estado, este representante de los elencos políticos de turno era quien concentraba en sus manos todo lo relativo a la protección de los intereses de los menores que no fueron incluidos en los programas de la beneficencia privada. Por tanto, su intervención se tornó indispensable cuando se trataba de asuntos judiciales o extrajudiciales que tuvieran como protagonistas a huérfanos, abandonados o aquellos chicos y chicas que tenían lazos familiares más débiles para enfrentar adversidades como la pobreza o la enfermedad. Y si bien no era infrecuente que las personas recurrieran al Defensor General con asiento en La Plata, la distancia desde el centro de la provincia y el despacho de este en la capital provincial, sumada a la inmediatez en la relación que posibilitaba el Defensor local, hacían que su intervención fuera la más reclamada.

En el marco de una sociedad que redefinía sus contornos, para el Estado adquirió centralidad la cuestión de la infancia, fenómeno que cambió de magnitud pero también de sentido: era preciso integrar a esos sectores que estaban en sus márgenes para hacer de ellos buenos trabajadores y buenas madres. Si la fundación de asilos y la acción de las benefactoras de sectores privados fue un medio de contención importante, como señalamos, no fue menor la responsabilidad que tuvieron los Defensores de Menores locales. Cuando la pobreza y la labilidad de los lazos familiares era una realidad, estos intervenían para atemperar esta situación con las herramientas disponibles: en el caso de los varones, antes de la fundación en Azul del asilo para niños en 1911, solo quedaba como posibilidad la colocación en casas de familias decentes, haciendo un uso extenso de la institución del depósito, de raigambre colonial26. Para las niñas, si bien el asilo era una oportunidad desde 1897, su capacidad de respuesta era limitada en función de los recursos y espacio disponibles, como lo dejaba en claro la nota de la presidenta de las Damas de Caridad al Intendente antes mencionada. Según han mostrado trabajos para la ciudad de Buenos Aires, la circulación de los niños de las Defensorías por distintos destinos solían incluir varios establecimientos del aparato benéfico. En la campaña estudiada en cambio, la colocación se tornó en una herramienta excluyente a la hora de resolver situaciones que involucraban a cientos de menores de edad. Según el Censo Provincial de 1881, Azul contaba entonces con una población absoluta de 16.090 habitantes, de los cuales 6.482 eran niños entre 0 y 14 años. Entre esta parte de la población, 507 niños y niñas eran huérfanos, aunque solo 99 de ellos lo eran tanto de padre como de madre27.

Sin embargo, la colocación era una herramienta extendida que usaron no solo los Defensores sino también una multiplicidad de actores sociales, ante los riesgos a los que se enfrentaban a causa de la soledad, la viudez, la enfermad o simplemente la pobreza. Cuando estas contingencias azotaban a miembros de la clase trabajadora, la necesidad de recurrir a terceros para sobrellevar la ardua tarea de criar a los hijos, eran ocasiones en las que, como veremos, las redes de contención parental y vecinal, se activaban.

3. Ser pobre, trabajador y con hijos: la colocación en casas de familia como herramienta privada

A fines de 1891, Facunda Cruz se vio ante la necesidad de colocar a su hijo Desiderio Cabrera, de 11 años, con Juan Basavilbaso. Siete meses después de haber hecho este arreglo entre ellos, Facunda compareció ante el Defensor para ponerlo al tanto de la negativa que el guardador28 manifestaba ante sus reclamos de recuperar a Desiderio. Si bien ella dijo que por ser demasiado pobre recurría a la Defensoría “(…) pidiendo tome la intervención que le corresponde, a fin de que su hijo Desiderio le sea devuelto (…)”, podemos inferir que la misma pobreza la había llevado a optar por la colocación para sortear dificultades que probablemente no había resuelto, puesto que fundó su reclamo de restitución en el supuesto maltrato al que el chico era sometido. La intervención fue exitosa, ya que tal como se anotaba al margen del documento anterior, el 30 del mismo mes de mayo Basavilbaso hizo entrega en la Defensoría del menor en cuestión29.

Juana Basualdo, de dos años de edad, había quedado en poder de su tía, Dolores Gómez de Rosas, tras la muerte de sus padres. En junio de 1893 Vicenta Vera, abuela de la pequeña que residía en Las Flores30, la reclamaba a través del Defensor de Menores de ese partido. El 15 del mismo mes, y ante el llamado que su par de Azul hizo, la tía compareció manifestando que estaba dispuesta a entregar a la niña siempre que se comprobara su buena conducta, y se presentara ella misma a recibir a Juana31.

No solo fue la pobreza sino la soledad las que llevaron a Ceferina Pelliza, que estaba depositada en poder de la señora Rita Zárate de Luque a dejar a su pequeña hija recién nacida en poder de su guardadora32.

Tan solo 30 meses tenía Petrona Tibot cuando quedó huérfana de padres. En esa circunstancia, en noviembre de 1890 la abuela de la pequeña, Juana Guelfi, decidió depositarla en poder de Eulalia González33.

Prudencia Lamarque había puesto en poder de la familia Crotto, en el vecino pueblo de Tapalqué,34 una hija suya que en 1895 reclamó por medio de la intervención del Defensor de Azul ante su par de ese pueblo. Según dijo la madre, la chica llamada María Prat, se encontraba en la estancia “La Italia”, de propiedad de la familia mencionada35. Las fuentes consultadas sugieren que Prudencia se había visto en aprietos en más de una oportunidad, ya que en marzo del mismo año se había presentado en la Alcaldía del cuartel 1° de Azul a pedir intervención para recuperar un hijo varón de nombre Germán Prat, quien había sido puesto por orden del Defensor en poder de Lorenzo Garro cinco meses atrás36.

En 1893, María García de Zalazar, que vivía en el cuartel 9° de Laprida37. se dirigió al Defensor General de Menores de La Plata para que intercediera ante el de Azul quien, según ella expuso, se negaba a hacerle entrega de una hija suya de 15 años, de nombre Ramona, que había sido puesta a disposición de la Defensoría por ella misma en ocasión de encontrarse “(…) atacada de una enfermedad de carácter incurable, a la vista (…)”. La mujer reclamó a la chica dado que, según dijo, en ese momento podía hacerse cargo de ella. Pero el Defensor de Azul adujo que su mala conducta era una causa para no entregársela. El de La Plata, por su parte, había hecho averiguaciones entre los vecinos del paraje donde vivía María, de las que se desprendía que era una mujer que mantenía una buena conducta, razón por la cual le ordenó al de Azul hacer entrega de Ramona a su progenitora38.

En 1899, una niña de dos meses de edad fue entregada por su padre a María Sequeira, quien se desempeñaría como nodriza de la pequeña. Habían acordado una mensualidad a cambio de la alimentación y el cuidado, y ante el incumplimiento del padre, la mujer se presentó en octubre de 1900 a la Defensoría para que intercediera y “(…) obligue al padre a hacerse cargo y le pague sus honorarios”39.

Eulalia Barraza, una joven de 15 años, estaba en poder de Ángela Dellepiane, en el pueblo de San Miguel40. En 1911, la abuela de la chica se había dirigido a la Defensoría para conocer su paradero exacto, así como las condiciones en que esta se encontraba41.

Aunque desconocemos el nombre de los depositarios, sí podemos afirmar que en 1912, María Viciconti estaba colocada en una casa de familia. Si bien en 1911, el Defensor planeaba internarla en el asilo de niñas de Azul, no sabemos si eso sucedió y como decía al año siguiente ante el reclamo del abuelo al Defensor de Menores de General Paz42. “(…) visto el abandono hecho de la menor en cuestión por todos sus parientes, incluso el recurrente, y estando actualmente en una casa que es en un todo una garantía para la menor María, he resuelto quede por ahora en ella”43.

Los casos brevemente presentados antes, nos llevan a tomar en consideración la importancia de los contratos no escritos, de los acuerdos privados que celebraron estos actores sociales que han dejado estas escasas huellas en los documentos analizados. Podemos por su medio acercarnos al modo en que resolvieron sus problemas en momentos de mayor o menor vulnerabilidad familiar, económica y laboral. Si bien en muchos casos las fuentes no permiten hacer afirmaciones respecto de un parentesco o lazo concreto existente, toda una red de arreglos privados con vecinos y allegados sirvieron para atemperar esos problemas y para llevar adelante su vida cotidiana. Acuerdos que lejos de ser estables, eran sometidos a ajustes constantemente, lo que hacía que la actividad del Defensor de Menores fuera ardua.

Por otro lado, el hecho de que existieran estos acuerdos no implica pensar que la figura del Defensor en tanto representante del Estado, no era reconocida como válida por esos mismos actores sociales. Por el contario, los documentos analizados permiten sostener que los vecinos recurrían a él en ciertas circunstancias en las que entendían que ese era el camino indicado para renegociar acuerdos y soluciones. Si bien, como señalamos, solían darse situaciones como el caso de María García en que la intervención del Defensor General era reclamada cuando estos sujetos creían que sus derechos se veían de algún modo atacados por las autoridades locales, de la lectura del conjunto de las fuentes del fondo examinado se desprende que la opción local era la predominante.

A las puertas del siglo XX, primaron las acciones de sectores que tenían estrategias propias a las que recurrieron a la hora de hacer frente a la crianza de sus hijos. Claro que tampoco les eran totalmente desconocidos los mecanismos alternativos de que disponían: la intervención del Defensor fue reclamada a menudo por ellos mismos. Tal como nos permiten sostener los casos comentados, los actores sociales hicieron uso de instrumentos del Estado como el Defensor, reconociendo su utilidad pero sin subordinarse a él. Conscientes de sus derechos, estos sectores pobres entregaron a sus hijos cuando entendieron que era su mejor opción y pelearon por ellos cuando lo creyeron necesario.

4. Niños y niñas: entre la intervención de la Defensoría y los arreglos privados

Ahora bien, si los actores antes mencionados tenían redes de parientes y conocidos o allegados que pudieron usar en épocas de mayor vulnerabilidad a las circunstancias, ¿por qué tenía lugar la intervención del Defensor? ¿Cuándo intervenía? ¿Quiénes la solicitaban y que expectativas los llevaba a ello?

En marzo de 1898, Clotilde Iglesias recurrió al Defensor “(…) para que intime a D. Máximo Fontela (…) para que entregue a la exponente una hija suya de dos años de edad y llamada María Clotilde que aquel pretende retener en su poder indebidamente”44. Según relató la mujer, la pequeña había quedado al cuidado del hombre, en momentos en que ella había enfermado y debió ser atendida en el hospital local. Si bien entre ellos hubo un acuerdo temporal (atendería a la pequeña mientras ella estuviera imposibilitada de hacerlo), el hombre habría retenido a la niña junto a él, aun cuando la madre estaba ya restablecida. En la misma fecha la Defensoría llamó a comparecer a Fontela, pero el 11 de ese mes volvió a presentarse Clotilde para dejar constancia de que el hombre le había finalmente entregado a su hija, razón por la cual deseaba dejar sin efecto la denuncia que días antes había hecho.

También fue en los años finales del siglo XIX cuando Cándida Rodríguez acudió a la Defensoría para reclamar la devolución de su hija Juana. En este caso, la mujer comentó que la niña “(…) le fue entregada por su hermana Juana Silva a Doña Martina Sánchez [y que] teniendo conocimiento que dicha menor no recibe la educación necesaria viene a pedir a esta Defensoría le sea entregada la menor aludida”45.

El caso de Gaetano Sapere tiene otras aristas, ya que en 1895 se presentó ante el Defensor de Menores para reclamar a José, un hijo suyo menor de edad que se encontraba en manos de la madre, Francisca, ya que esta “(…) hace vida marital con otro hombre, siendo él su esposo legítimo”. Gaetano dejaba claro que no le interesaba sacar a José del lado de la madre más que por este motivo, y que si “(…) su esposa no hiciera la vida que hace nunca hubiere pretendido quitarle su hijo”. Y aunque Francisca se defendió arguyendo que ella se había visto en la obligación de buscar otro compañero a causa de la miseria en que se había quedado por el abandono de su esposo, el Defensor decidió que

“(…) en virtud de las actas que anteceden y deduciendo de ellas que es cierto que doña Francisca Griezo hace vida marital con otro hombre que no es su esposo, lo que ella misma manifiesta en sus declaraciones y siendo este motivo suficiente para hacerle perder su derecho sobre el hijo en cuestión la Defensoría de Menores resuelve: entregar al señor Sapere el hijo aludido”46.

En algunos casos no eran los progenitores quienes encabezaban los reclamos y exposiciones ante el Defensor, sino los eventuales depositarios de los chicos y chicas. Así, en 1899 compareció Isidora de López y expuso que:

“(…) hace siete meses se hizo cargo de la menor María Celia Corsi de seis años de edad, la cual le fue entregada por el padre con compromiso de proveerla de todo cuanto le fuera necesario; que a pesar del tiempo transcurrido no ha podido obtener del padre suma alguna para la manutención y vestuario de la criatura”.

Por esta razón, solicitaba a la Defensoría que intimara al padre para que pagara lo que correspondía “(…) o en su defecto se le haga entrega de la menor en la forma de estilo”47. Es factible que Corsi, quien dijo ser viudo, hubiera recurrido a Isidora ante su imposibilidad de cuidar a la niña. Pero el hombre reconoció que si bien era cierto que la niña había quedado al cuidado de Isidora, había sido “(…) en virtud de su ofrecimiento que esta le hizo a título generoso”, y a cambio de la suma que él pudiera entregarle. Dado que como explicaba, no había podido hacerlo y no creía poder, había decidido enviar sus hijos al lado de parientes que tenía en Montevideo, para lo que pedía a su vez la intervención de la Defensoría. De las declaraciones del padre se desprende que tenía más hijos además de la pequeña que había entregado a Isidora y su viudez era la causa que posiblemente lo había llevado a entregarlos a diferentes depositarios48.

De igual modo, Bernardina Molina había aceptado la entrega que la señora Ángela Escobar había hecho de una niña hija suya de siete meses de edad en el mes de febrero de 1899, con el compromiso de “(...) hacer entrega de ella con las formalidades del caso”. Pero dado que Ángela no había cumplido con su promesa, y además reclamaba a la niñita unos meses después, Bernardina entabló ante el Defensor un reclamo para que la madre de la pequeña “(…) formalice la entrega de la criatura o pague lo que corresponde”49.

En todos estos casos, más allá de sus diferencias y matices, la intervención del Defensor fue requerida por los actores sociales que entendían que su mediación podía resolver una situación puntual o un desacuerdo concreto. No obstante, en todos los casos primó la existencia de arreglos previos y la tarea del Defensor fue buscada para resolver conflictos generados a partir de esos acuerdos anteriores. Si bien en ese momento y en ese lugar su tarea era considerada relevante, es de destacar que los actores sociales hicieron un uso particular de ella. Y si bien su participación ayudaba a ratificar o revocar acuerdos previos, sus acciones solían no modificar las decisiones tomadas con anterioridad.

En la disputa surgida entre Clotilde Iglesias y Fontela es evidente el peso de los acuerdos entre las partes. No solo había sido privado el arreglo que permitió a Fontela tener en su poder a la pequeña hija de Clotilde mientras ella se encontraba “postrada en cama”, según las palabras de la mujer, sino que también de manera privada habían resuelto sus diferencias luego. Sin embargo, las fuentes nos permiten ver también la importancia que tuvo la mediación del Defensor a la hora de resolver el desacuerdo entre ellos. Si bien no podemos asegurar que haya sido la llamada a comparecer lo que decidió a Fontela a entregar a la niña, tampoco podemos dejar de lado la posibilidad de que Clotilde recurriera a la Defensoría para darle legitimidad a su reclamo, y acelerar su resolución del modo en que ella buscaba50.

También Juana, la hija de Cándida Rodríguez, había sido objeto de acuerdos entre su tía y la mujer que la tuvo en su poder durante varios años. Y si bien ante la intervención del Defensor, Martina Sánchez rápidamente aceptó hacer entrega de la niña a condición de que se le abonara su crianza, solo se recurrió a la Defensoría varios años después de haber sido concertado el acuerdo y solo a raíz de creer que la pequeña no era educada de manera conveniente51.

Cuando el pequeño Juan de dos años y medio que se encontraba en poder de María Sforsini llegó a la Defensoría, es posible también vislumbrar el acuerdo previo por medio del cual el padre del pequeño había formalizado su entrega52.

Es decir, solo cuando se fracturaban los pactos concertados, la intervención del Defensor era reclamada. Pero debemos subrayar la centralidad que adquirió su papel mediador, ya que las fuentes analizadas permiten afirmar que su actuación fue preponderante y no solo daba legitimidad a esos acuerdos anteriores sino que, en muchos casos como los mencionados, terminó ocasionando la resolución deseada por quienes pedían tal injerencia.

Conclusiones

Mientras que fueron muchos los reformadores que ocuparon su tiempo en pensar la solución a problemas como los que planteaban ciertos colectivos de infancia, en la práctica primaron las soluciones privadas. Sin embargo y como se ha señalado para otros espacios de América Latina53. los actores sociales involucrados, reconocían en los representantes del Estado una herramienta más (que se sumó a la beneficencia) para resolver sus problemas.

Ahora bien, en las páginas precedentes hemos demostrado que recurrían al Defensor de Menores no para solucionar nuevas cuestiones, sino para cerrar otras que habían sido comenzadas previamente. Cuando algún elemento de ese mecanismo de acuerdos y tratos privados se dañaba, las acciones del Defensor eran reclamadas.

Al margen de los intentos del Estado por intervenir en la vida de los pobres y de los discursos que buscaron performar un tipo determinado de vida familiar, algunas prácticas como la colocación de niños con otras familias, y las distintas estrategias puestas en marcha para sobrevivir en tiempos de emergencia, permanecieron inalterables por mucho tiempo. En el marco de un contexto urbano cambiante, de movilidad geográfica y laboral y donde era alta la proporción de uniones temporarias, cuando un hombre abandonaba a la madre de sus hijos, su débil posición económica la ponía a ella y a los chicos ante serios riesgos. Riesgos que corrían también aquellos niños de corta edad que estaban a cargo de padres que debían enfrentar una viudez inesperada.

Las familias pobres debieron utilizar una serie de estrategias para sobrellevar periodos complejos. Como vimos, la colocación con otras familias era habitual y con mucho la primera solución buscada. En aquellos lugares de pequeñas dimensiones que asistieron a un gran crecimiento poblacional, como las localidades de la región centro de la provincia de Buenos Aires y sus alrededores a las que nos hemos referido, existían personas que carecían de redes familiares de largo arraigo. Sin embargo, los documentos analizados permiten ver que los acuerdos eran recurrentes y las redes parentales o de vecindad cobraban fuerza antes que la autoridad cuando debían resolver, aunque fuera momentáneamente la crianza de los hijos.

A través del lente de algunos casos y situaciones que debieron atender los Defensores de Menores de Azul y de localidades vecinas, este artículo ha hecho foco en las relaciones entre los Defensores y las familias que acudieron a ellos en diversas situaciones. Pero observamos que al recurrir al Defensor, estos actores demostraron que creían en la validez del Estado como agente de mediación sin menoscabo de la conciencia sobre su sentido de justicia y de derechos. El Estado estaba allí y en ciertas circunstancias sus acciones fueron reclamadas. Sin embargo, los padres y madres tuvieron la oportunidad de elegir a qué puerta llamar primero.

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Para citar este artículo: De Paz Trueba, Yolanda Edith. “Familias pobres y Defensores de Menores en el centro de la provincia de Buenos Aires. Formas de intervención en la transición al siglo XX”, Historia Caribe Vol. XII No. 31 (Julio-Diciembre 2017): 229-257. DOI: http://dx.doi.org/10.15648/hc.31.2017.8

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Notas al pie de página